El D.C. Circuit determinó que la EPA probablemente violó la Ley de Control de Fondos (Impoundment Control Act) y la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) al cancelar las subvenciones del GGRF . La mayoría del tribunal sostuvo que la decisión de la EPA de cancelar las subvenciones se basó "únicamente en un desacuerdo político" con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), y no en la identificación de despilfarro, fraude o deficiencias legales en las propias adjudicaciones . La corte concluyó que la EPA carecía de autoridad legal para cancelar unilateralmente fondos que el Congreso ya había asignado y comprometido, calificando la recuperación como una probable e ilegal retención de gastos ordenados por el Congreso . La opinión no firmada de tres páginas reinstauró la orden judicial preliminar de abril de 2025 de la jueza Tanya Chutkan, que había sido anulada previamente por un panel de tres jueces .
Una cuestión clave en el caso era si la Sección 60002 de la Ley 'One Big Beautiful Bill Act' (OBBBA), que derogó la autoridad legal del GGRF y rescindió los saldos no comprometidos, autorizaba retroactivamente la cancelación de las subvenciones por parte de la EPA . En marzo de 2026, el D.C. Circuit ordenó a las partes presentar alegatos complementarios sobre esta cuestión . En su fallo del 4 de agosto, la corte concluyó que la OBBBA no le daba vía libre a la EPA. El tribunal interpretó que las disposiciones de la OBBBA se referían a futuras asignaciones y rescisiones, y no a la ratificación de acciones ilegales pasadas de la agencia para recuperar dinero ya comprometido y desembolsado bajo el marco legal anterior . El dinero en cuestión ya había sido comprometido y desembolsado a las organizaciones sin fines de lucro antes de la promulgación de la OBBBA, por lo que la nueva ley no autorizó retroactivamente su recuperación .
La congelación de fondos, que comenzó cuando la EPA ordenó abruptamente a Citibank suspender el acceso a los fondos en febrero de 2025 y canceló formalmente las subvenciones en marzo de 2025, causó graves trastornos entre los ocho grupos de beneficiarios sin fines de lucro :
El fallo no es la palabra final. El D.C. Circuit suspendió su propio fallo para permitir que la EPA recurra a la Corte Suprema de EE.UU. . La EPA ha indicado que apelará, lo que significa que el caso podría llegar pronto al máximo tribunal del país . El caso Climate United Fund v. Citibank ya ha recorrido un camino procesal dramático: desde la orden judicial original de la jueza Chutkan en abril de 2025, hasta un fallo de un panel de tres jueces en septiembre de 2025 que la anuló, y la reversión por parte del tribunal en pleno el 4 de agosto de 2026 . El resultado de cualquier apelación ante la Corte Suprema tendrá implicaciones importantes para el poder ejecutivo, la Ley de Control de Fondos y el destino del histórico gasto climático de la administración Biden .
El D.C. Circuit determinó que la EPA probablemente violó la Ley de Control de Fondos (Impoundment Control Act) y la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) al cancelar las subvenciones del GGRF . La mayoría del tribunal sostuvo que la decisión de la EPA de cancelar las subvenciones se basó "únicamente en un desacuerdo político" con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), y no en la identificación de despilfarro, fraude o deficiencias legales en las propias adjudicaciones . La corte concluyó que la EPA carecía de autoridad legal para cancelar unilateralmente fondos que el Congreso ya había asignado y comprometido, calificando la recuperación como una probable e ilegal retención de gastos ordenados por el Congreso . La opinión no firmada de tres páginas reinstauró la orden judicial preliminar de abril de 2025 de la jueza Tanya Chutkan, que había sido anulada previamente por un panel de tres jueces .
Una cuestión clave en el caso era si la Sección 60002 de la Ley 'One Big Beautiful Bill Act' (OBBBA), que derogó la autoridad legal del GGRF y rescindió los saldos no comprometidos, autorizaba retroactivamente la cancelación de las subvenciones por parte de la EPA . En marzo de 2026, el D.C. Circuit ordenó a las partes presentar alegatos complementarios sobre esta cuestión . En su fallo del 4 de agosto, la corte concluyó que la OBBBA no le daba vía libre a la EPA. El tribunal interpretó que las disposiciones de la OBBBA se referían a futuras asignaciones y rescisiones, y no a la ratificación de acciones ilegales pasadas de la agencia para recuperar dinero ya comprometido y desembolsado bajo el marco legal anterior . El dinero en cuestión ya había sido comprometido y desembolsado a las organizaciones sin fines de lucro antes de la promulgación de la OBBBA, por lo que la nueva ley no autorizó retroactivamente su recuperación .
La congelación de fondos, que comenzó cuando la EPA ordenó abruptamente a Citibank suspender el acceso a los fondos en febrero de 2025 y canceló formalmente las subvenciones en marzo de 2025, causó graves trastornos entre los ocho grupos de beneficiarios sin fines de lucro :
El fallo no es la palabra final. El D.C. Circuit suspendió su propio fallo para permitir que la EPA recurra a la Corte Suprema de EE.UU. . La EPA ha indicado que apelará, lo que significa que el caso podría llegar pronto al máximo tribunal del país . El caso Climate United Fund v. Citibank ya ha recorrido un camino procesal dramático: desde la orden judicial original de la jueza Chutkan en abril de 2025, hasta un fallo de un panel de tres jueces en septiembre de 2025 que la anuló, y la reversión por parte del tribunal en pleno el 4 de agosto de 2026 . El resultado de cualquier apelación ante la Corte Suprema tendrá implicaciones importantes para el poder ejecutivo, la Ley de Control de Fondos y el destino del histórico gasto climático de la administración Biden .