El costo humano fue severo. La cifra de muertos alcanzó al menos 72 solo en el lado español, con cinco cuerpos más recuperados frente a la costa de Ceuta el 2 de agosto . La crisis fue alimentada en parte por rumores descontrolados en línea que se difundieron a través de aplicaciones de mensajería .
El 31 de julio, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció una suspensión por un mes del régimen de libre circulación Schengen con España para enlaces aéreos y marítimos. La medida entró en vigor el 1 de agosto y estaba programada para durar hasta el 1 de septiembre . Italia notificó formalmente a la Comisión Europea en virtud de los artículos 25 y 28 del Código de Fronteras Schengen (CFS), citando una amenaza al orden público, la seguridad interna y la gestión migratoria .
En qué consistían los controles: Las restricciones implicaban controles de identidad selectivos a viajeros no comunitarios que llegaban de España a aeropuertos y puertos italianos . Los viajeros informaron de puestos de control físicos con carriles separados para los vuelos procedentes de España . Los ciudadanos de la UE que viajaban entre los dos países no se vieron afectados.
La justificación de Italia: Meloni describió la medida como "extraordinaria", adoptada para salvaguardar la seguridad nacional . El gobierno argumentó que la afluencia masiva a Ceuta creaba un riesgo real de que migrantes no registrados se trasladaran a Italia . La presión política interna de la extrema derecha también influyó .
El gobierno español emitió un ultimátum formal: Italia tenía hasta el domingo 9 de agosto para levantar sus controles fronterizos. Si Roma no cumplía, Madrid advertía que impondría "medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos" . España calificó públicamente los controles italianos como "injustificados y discriminatorios" y argumentó que eran "contrarios a los intereses de la UE" . La posición española era que la crisis de Ceuta se había resuelto —la mayoría de los migrantes ya habían regresado a Marruecos—, lo que hacía que las restricciones italianas fueran infundadas .
El gobierno italiano rechazó lo que calificó como "ultimátums" de Madrid, afirmando que no se dejaría presionar para levantar sus medidas de seguridad . Roma dijo que los controles permanecerían en vigor al menos hasta el 15 de agosto .
Al expirar el plazo, España impuso controles fronterizos a todos los viajes aéreos y marítimos procedentes de Italia, incluidos controles de pasaporte, nacionalidad y visado a los viajeros italianos. Las medidas entraron en vigor a la medianoche del sábado 9 de agosto y estaban programadas para durar hasta el 7 de septiembre . Los pasajeros italianos que llegaban al aeropuerto de Barcelona fueron sometidos a controles policiales aleatorios .
| Posición de España | Posición de Italia |
|---|---|
| Los controles de Italia eran "injustificados, discriminatorios y contrarios a los intereses de la UE" | Las medidas eran una respuesta de seguridad necesaria a un riesgo migratorio real del aumento en Ceuta |
| La crisis de Ceuta estaba resuelta —la mayoría de los migrantes habían regresado a Marruecos—, lo que hacía infundadas las restricciones italianas | España no logró prevenir el cruce masivo ni asegurar adecuadamente su frontera exterior, creando riesgos para todos los estados Schengen |
| España defendía su dignidad y los intereses de sus ciudadanos mediante contramedidas proporcionadas | Roma no respondería a "ultimátums" de Madrid |
La Comisión Europea recibió notificaciones formales de ambos países: la de Italia el 1 de agosto y la de España alrededor del 8 de agosto. Ambas se presentaron en virtud de las disposiciones del CFS para la reintroducción temporal de controles fronterizos internos . El portal oficial de la UE listó ambas junto con otras reintroducciones temporales de Schengen por parte de los estados miembros .
Los funcionarios de la UE caracterizaron públicamente ambas medidas como temporales y localizadas, afirmando que no representaban ninguna amenaza duradera para la integridad general de la zona Schengen . La Comisión no pidió sanciones ni mediación, permitiendo efectivamente que la disputa bilateral se resolviera por sí sola.
El desacuerdo central nunca fue sobre la crisis de Ceuta en sí, sino sobre sus secuelas y el riesgo de movimiento secundario:
España argumentó que había contenido la crisis. La gran mayoría de los 50.000 a 80.000 entrantes habían regresado voluntariamente a Marruecos en cuestión de días, y los cruces se habían detenido después de que España reforzara la seguridad fronteriza con una barrera flotante de 500 metros . Madrid consideró la medida de Italia como una sobrerreacción política y una violación de la solidaridad Schengen.
Italia argumentó que España había perdido el control de su frontera exterior. El gobierno de Meloni afirmó que decenas de miles de personas —muchas no registradas— habían entrado en territorio Schengen, y que Italia tenía el derecho legítimo de protegerse de los movimientos secundarios posteriores, incluso si la mayoría habían regresado técnicamente a Marruecos .
Esta escalada de represalias entre dos grandes estados miembros de la UE fue una prueba de resistencia poco común para el marco Schengen. Si bien ambas medidas fueron temporales y la UE restó importancia al riesgo de daños permanentes, el episodio reveló con qué rapidez una crisis fronteriza en un estado miembro puede desencadenar un colapso de la libre circulación en todo el bloque.