El 4 de agosto de 2026, cámaras de seguridad captaron el momento en que un dron FPV —un aparato controlado mediante una cámara que ofrece al operador una visión en primera persona— siguió a un vendedor de verduras identificado como Yuriy, de 52 años, en un mercado de Jersón .
En las imágenes difundidas por la Policía Nacional de Ucrania, el dron sobrevuela al hombre, lo sigue mientras intenta refugiarse alrededor de su furgoneta y finalmente desciende y detona junto a él . Yuriy sobrevivió, aunque sufrió varias heridas de metralla, una conmoción cerebral y un fuerte impacto psicológico .
“Le hacía señas al dron: ‘Mire, hay verduras’, pero empezó a volar directamente hacia mí”, relató desde el hospital .
La Policía ucraniana calificó el hecho de crimen de guerra. El presidente Volodímir Zelenski difundió el video en redes sociales y lo presentó como un ejemplo de la “safari de drones” rusa contra civiles . El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, sostuvo que el ataque refleja un patrón sistemático y deliberado que formará parte del expediente jurídico que prepara Kyiv .
La ofensiva aérea también se ha intensificado en Zaporiyia, una ciudad industrial del sureste ucraniano situada cerca del frente. Según autoridades locales y reportes periodísticos, los ataques ya no se limitan a posiciones militares: han alcanzado viviendas, escuelas, oficinas, paradas de autobús, gasolineras y mercados .
Los drones FPV, que antes no tenían alcance suficiente para llegar a la ciudad desde las posiciones rusas, se utilizan ahora dentro de Zaporiyia por primera vez, junto con bombardeos cada vez más frecuentes con bombas planeadoras . La inteligencia militar ucraniana afirmó que en junio unidades rusas recibieron la orden de aumentar considerablemente los ataques kamikaze contra infraestructura civil .
Entre los ataques recientes figuran:
Las bombas planeadoras son municiones aéreas equipadas con alas y sistemas de guiado. Algunas pueden transportar hasta 3.000 kilogramos de explosivos y causar grandes cráteres .
La ONU informó que las víctimas civiles durante el primer semestre de 2026 aumentaron un 37 % frente al mismo periodo de 2025 . El organismo atribuyó el incremento principalmente a la intensificación de los ataques rusos, incluidos los efectuados con drones de corto alcance y armas de largo alcance .
Junio fue el mes más letal para los civiles ucranianos desde abril de 2022: al menos 293 personas murieron y 1.990 resultaron heridas . En el caso específico de los drones de corto alcance, entre enero y junio murieron 418 personas y 2.437 resultaron heridas, un 65 % más de víctimas que en el mismo periodo de 2025 .
Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, afirmó que estos drones están “cambiando fundamentalmente la vida de los civiles en las comunidades de primera línea” . La amenaza no se limita al momento de la explosión: obliga a los residentes a modificar sus rutinas, abandonar negocios y evitar espacios abiertos que antes formaban parte de la vida diaria.
Ucrania prepara su primer caso específico de crímenes de lesa humanidad centrado en el uso sistemático de drones contra civiles . El expediente se apoya en varias investigaciones previas de organismos independientes de Naciones Unidas.
Human Rights Watch llegó a una conclusión similar en su investigación sobre Jersón. La organización afirmó que los ataques con drones contra civiles parecían formar parte de un ataque generalizado contra la población y responder a una política estatal rusa, elementos relevantes para evaluar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad .
La Comisión de Investigación de la ONU señaló que el objetivo principal de los ataques era sembrar el terror entre la población civil, en violación del derecho internacional humanitario . El caso del vendedor de verduras de Jersón, con un dron que lo sigue antes de detonar, se ha convertido en una de las imágenes más explícitas de ese patrón.
La futura causa ucraniana buscará conectar incidentes individuales —como el ataque del 4 de agosto— con la escala, la repetición y la posible coordinación de la campaña. La calificación jurídica definitiva corresponderá a las autoridades judiciales competentes, pero los investigadores de la ONU ya han establecido una base documental para considerar estos ataques como algo más que episodios aislados.