El lema, impreso sin tapujos en el producto y en los materiales promocionales: "Normal F*ing Sunglasses"** (Gafas de sol normalísimas) .
Las gafas se agotaron en cuestión de horas tras su lanzamiento, según múltiples medios . TechSpot señaló que se "agotaron" poco después de salir a la venta, y la campaña generó una cobertura viral generalizada en CNET, 9to5Mac, TechSpot, Futurism, Dexerto y otros medios tecnológicos internacionales .
El precio de venta era de 35 dólares, lo que convirtió la tirada limitada en un objeto asequible y codiciado .
DuckDuckGo presentó el producto como una protesta satírica y, a la vez, una declaración de principios sobre la privacidad. La empresa calificó las gafas inteligentes con IA de "gadgets espía" disfrazados de gafas normales y argumentó que el único wearable que respeta la privacidad es aquel con capacidad de vigilancia cero . En su vídeo de presentación, DuckDuckGo explicó que había un "motivo más profundo" detrás del lanzamiento: señalar que, en un mundo donde unas gafas pueden grabarlo todo sin que nadie se dé cuenta, el acto más radical es fabricar unas que no hagan absolutamente nada . Numerosos medios lo calificaron como una parodia directa de las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta y de la tendencia general de los wearables potenciados con IA .
Como señaló la compañía en su comunicado: "Sin cámara, sin micrófono, sin IA, sin batería, sin ningún tipo de electrónica. Solo un par de gafas de sol negro mate bellamente diseñadas... diseñadas para bloquear el sol y no enviar nunca datos a la nube" .
La broma solo funciona porque la preocupación subyacente es real. Quienes están cerca de alguien que lleva gafas inteligentes no tienen forma de saber si están siendo grabados, y no pueden dar su consentimiento a que su imagen o sus datos sean capturados . La documentación del propio Parlamento Europeo señala que las gafas de Meta pueden grabar "situaciones privadas y datos personales sensibles sin que los usuarios sean conscientes y sin el consentimiento de los terceros afectados" .
En marzo de 2026, una investigación de los medios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten destapó que imágenes íntimas —incluyendo vídeos de usuarios desnudándose, usando el baño, manteniendo relaciones sexuales o manejando tarjetas bancarias— habían sido revisadas por contratistas externos en Nairobi (Kenia) encargados de etiquetar datos para entrenar sistemas de IA . La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) abrió una investigación formal y se dirigió a Meta para exigir explicaciones sobre el cumplimiento de la ley de protección de datos británica .
Las acciones regulatorias se han acelerado notablemente a lo largo de 2026:
No todos los reguladores y defensores de la privacidad están de acuerdo con una prohibición absoluta. Algunos sostienen que, en lugar de vetar por completo las gafas inteligentes, los gobiernos deberían exigir salvaguardas más estrictas en el hardware y el software —como un sonido de obturador obligatorio e imposible de desactivar, o un indicador luminoso de grabación muy visible— para que quienes estén cerca puedan saber claramente si están siendo grabados . Este enfoque apuesta por rediseñar los dispositivos en lugar de prohibirlos.
El debate está vivo en las instituciones europeas. La CNIL francesa y el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) abrieron sendas líneas de trabajo específicas sobre el tema en 2026, y se espera un informe del CEPD sobre la "aceptabilidad social" de las gafas inteligentes .
Mientras los reguladores deliberan, han surgido de forma independiente respuestas técnicas desde la base ciudadana:
La ocurrencia de DuckDuckGo cristalizó un conflicto de privacidad que se intensifica rápidamente: mientras las gafas inteligentes se multiplican, los reguladores europeos se mueven hacia la prohibición o hacia la imposición de requisitos de diseño muy estrictos, y al mismo tiempo surgen iniciativas ciudadanas de contra-vigilancia —desde apps detectoras hasta prendas de ropa antivigilancia—. Las gafas de broma de 35 dólares se agotaron. Pero la pregunta regulatoria de fondo —si la sociedad acepta dispositivos de grabación permanentemente activos e imperceptibles en espacios públicos— está lejos de resolverse.