La respuesta de TotalEnergies: apelación
El 27 de julio de 2026, el Consejo de Administración de TotalEnergies votó a favor de apelar la sentencia . Los argumentos legales centrales de la compañía son:
Contexto financiero: Las emisiones de Alcance 3 representan la gran mayoría de la huella de carbono de TotalEnergies. La compañía no ha declarado públicamente que el fallo le obligue a realizar cambios operativos concretos, y el tribunal original no llegó a ordenar la paralización de ningún proyecto, algo que TotalEnergies celebró . La apelación está ahora ante la Corte de Apelación de París.
El fallo original (15 de julio de 2025): En el caso Pabai v Commonwealth (No 2) F FCA 796, el juez Wigney desestimó la demanda presentada por los ancianos Pabai Pabai y Paul Kabai contra el gobierno australiano . El juez aceptó la evidencia científica de que el cambio climático está dañando las Islas Torres Strait y amenazando el Ailan Kastom (costumbre isleña), pero sostuvo que el gobierno no tiene un deber de cuidado en materia de negligencia por sus decisiones sobre objetivos de emisiones y políticas climáticas, ya que se trata de "políticas gubernamentales centrales" que escapan al control judicial
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La audiencia de apelación (finales de julio de 2026): Se celebró una audiencia de apelación de cuatro días en Melbourne ante el Tribunal Pleno Federal, presidido por la jueza principal Debra Mortimer, el juez Craig Colvin y el juez Nicholas Owens . Los apelantes argumentan que el juez de primera instancia se equivocó al considerar que el derecho de daños no puede compensar las pérdidas causadas por decisiones gubernamentales de política climática
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Pregunta legal clave: ¿Puede un tribunal determinar que el gobierno australiano tiene un deber de cuidado para proteger a las comunidades indígenas del daño climático previsible y puede otorgar una compensación por la pérdida de cultura y forma de vida? El Tribunal Pleno ha reservado su decisión; se espera un fallo en una fecha posterior .
Los casos de TotalEnergies y las Islas Torres Strait representan dos preguntas fronterizas en la rendición de cuentas climática: si las empresas privadas deben responsabilizarse de las emisiones de toda su cadena de valor bajo los marcos de diligencia debida en derechos humanos, y si los gobiernos pueden ser considerados responsables por negligencia en sus políticas climáticas inadecuadas. Ninguna de las dos apelaciones ha sido decidida aún, y ambas son observadas de cerca por su potencial para redefinir el litigio climático a nivel mundial.