A los pocos días del informe, una coalición de organizaciones civiles —coordinada por CDT Europe— emitió un comunicado conjunto (publicado el 6 de julio de 2026) exigiendo medidas urgentes a la UE . Sus principales demandas incluyen:
Por otro lado, en febrero de 2026, el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) respondió formalmente a una carta abierta de la sociedad civil sobre casos de abuso de spyware en la UE, mostrando cierto compromiso institucional .
Conclusión: El caso Kouloglou —sumado al escándalo del 'Predatorgate' en Grecia, donde cuatro personas (dos israelíes y dos griegos) fueron juzgadas en septiembre de 2025 — ha intensificado la presión sobre las instituciones de la UE para que pasen de las recomendaciones a una regulación vinculante. La sociedad civil advierte que la voluntad política para la reforma se ha estancado, a pesar de las pruebas cada vez más numerosas de un abuso sistémico.