La propuesta de la Comisión pretendía orientar la planificación de infraestructuras hacia una dirección genuinamente europea, con un papel más fuerte de la Comisión en la mediación de negociaciones políticas y en la definición de escenarios comunes para proyectos transfronterizos . Este era un objetivo central de la iniciativa "Autopistas de la Energía" (Energy Highways) incluida en el paquete .
Los Estados miembros opusieron una fuerte resistencia. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (ENTSO-E) advirtió que trasladar funciones del nivel nacional al europeo "aumentará la incertidumbre en los resultados de la toma de decisiones" y no resolverá las barreras para la ejecución oportuna de infraestructuras . El texto de compromiso terminó otorgando un mayor control a las capitales nacionales, reflejando profundas preocupaciones soberanistas.
El elemento más divisivo fue la propuesta de la Comisión de exigir a los operadores de redes de transporte (TSO) que apartaran el 25% de los ingresos por congestión —los ingresos generados por los cuellos de botella en las líneas eléctricas transfronterizas— para inversiones en redes transfronterizas . La propuesta generó una "creciente reacción en contra" y una "resistencia cada vez mayor" por parte de varios Estados miembros y operadores, que advirtieron que podría debilitar el control nacional sobre las redes . Suecia advirtió explícitamente de que el plan podría limitar sus exportaciones de electricidad, lo que llevó a una reducción del alcance de la iniciativa . Un documento del Consejo de mayo de 2026 mostraba que algunos Estados miembros estaban "preocupados" porque el texto revisado, que restringía el 25% solo a los países donde se ubican los Proyectos de Interés Común (PCI), "diluye considerablemente el espíritu de la propuesta inicial" .
El compromiso: Según el texto de los Estados miembros, la obligación de destinar los ingresos por congestión expiraría tras 8 años . Los ministros adoptaron un "enfoque más cauteloso" que el propuesto originalmente por la Comisión, debilitando significativamente el mecanismo de financiación transfronteriza . Un cuestionario de la Presidencia del Consejo de mayo de 2026 ya había señalado la sensibilidad del tema al preguntar: "¿Hasta qué punto están dispuestos los Estados miembros a evolucionar sus marcos financieros y de planificación, incluido el uso de los ingresos por congestión y un reparto de costes más amplio?" .
Las preocupaciones sobre la soberanía nacional fueron la fuerza motriz de la resistencia. Varios Estados miembros se opusieron a otorgar a la Comisión Europea autoridad sobre la planificación nacional de redes y la asignación de los ingresos por congestión recaudados dentro de sus fronteras . La amenaza de Suecia de limitar sus exportaciones de electricidad ejemplificó las tensiones: los países con excedentes de capacidad renovable temían que la puesta en común de ingresos a nivel de la UE transfiriera efectivamente riqueza de los consumidores y operadores nacionales a otros Estados miembros sin un beneficio equivalente para el país de origen .
Climate Action Network (CAN) Europe, que representa a más de 200 organizaciones, envió una carta a los ministros antes del Consejo de Energía del 26 de junio instándoles a no debilitar el paquete . Sus demandas eran construir un escenario común de infraestructura transfronteriza liderado por la Comisión, aprovechar los ingresos por congestión sobrantes para el desarrollo de la red y comprometerse a eliminar gradualmente las infraestructuras de combustibles fósiles.
CAN Europe había descrito anteriormente el paquete como "un paso muy necesario para acelerar la transición de Europa hacia una red totalmente renovable y resiliente", pero advirtió que la aceleración "debe ir de la mano de una sólida protección ambiental" . La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) también envió recomendaciones instando a los ministros a mantener la ambición del paquete .
El paquete de redes se formuló en un contexto de presiones acuciantes:
En los márgenes del Consejo, se firmó el primer acuerdo tripartito de la UE sobre almacenamiento de energía entre representantes de autoridades públicas, el sector del almacenamiento y los consumidores industriales de energía .
La posición común (general approach) acordada por el Consejo allana el camino para las negociaciones a tres bandas (trílogos) con el Parlamento Europeo a finales de 2026. Las líneas de batalla clave —planificación centralizada frente a nacional y financiación transfronteriza— ya están trazadas, y el Parlamento podría intentar restaurar parte de la ambición original de la Comisión.
La propuesta de la Comisión pretendía orientar la planificación de infraestructuras hacia una dirección genuinamente europea, con un papel más fuerte de la Comisión en la mediación de negociaciones políticas y en la definición de escenarios comunes para proyectos transfronterizos . Este era un objetivo central de la iniciativa "Autopistas de la Energía" (Energy Highways) incluida en el paquete .
Los Estados miembros opusieron una fuerte resistencia. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (ENTSO-E) advirtió que trasladar funciones del nivel nacional al europeo "aumentará la incertidumbre en los resultados de la toma de decisiones" y no resolverá las barreras para la ejecución oportuna de infraestructuras . El texto de compromiso terminó otorgando un mayor control a las capitales nacionales, reflejando profundas preocupaciones soberanistas.
El elemento más divisivo fue la propuesta de la Comisión de exigir a los operadores de redes de transporte (TSO) que apartaran el 25% de los ingresos por congestión —los ingresos generados por los cuellos de botella en las líneas eléctricas transfronterizas— para inversiones en redes transfronterizas . La propuesta generó una "creciente reacción en contra" y una "resistencia cada vez mayor" por parte de varios Estados miembros y operadores, que advirtieron que podría debilitar el control nacional sobre las redes . Suecia advirtió explícitamente de que el plan podría limitar sus exportaciones de electricidad, lo que llevó a una reducción del alcance de la iniciativa . Un documento del Consejo de mayo de 2026 mostraba que algunos Estados miembros estaban "preocupados" porque el texto revisado, que restringía el 25% solo a los países donde se ubican los Proyectos de Interés Común (PCI), "diluye considerablemente el espíritu de la propuesta inicial" .
El compromiso: Según el texto de los Estados miembros, la obligación de destinar los ingresos por congestión expiraría tras 8 años . Los ministros adoptaron un "enfoque más cauteloso" que el propuesto originalmente por la Comisión, debilitando significativamente el mecanismo de financiación transfronteriza . Un cuestionario de la Presidencia del Consejo de mayo de 2026 ya había señalado la sensibilidad del tema al preguntar: "¿Hasta qué punto están dispuestos los Estados miembros a evolucionar sus marcos financieros y de planificación, incluido el uso de los ingresos por congestión y un reparto de costes más amplio?" .
Las preocupaciones sobre la soberanía nacional fueron la fuerza motriz de la resistencia. Varios Estados miembros se opusieron a otorgar a la Comisión Europea autoridad sobre la planificación nacional de redes y la asignación de los ingresos por congestión recaudados dentro de sus fronteras . La amenaza de Suecia de limitar sus exportaciones de electricidad ejemplificó las tensiones: los países con excedentes de capacidad renovable temían que la puesta en común de ingresos a nivel de la UE transfiriera efectivamente riqueza de los consumidores y operadores nacionales a otros Estados miembros sin un beneficio equivalente para el país de origen .
Climate Action Network (CAN) Europe, que representa a más de 200 organizaciones, envió una carta a los ministros antes del Consejo de Energía del 26 de junio instándoles a no debilitar el paquete . Sus demandas eran construir un escenario común de infraestructura transfronteriza liderado por la Comisión, aprovechar los ingresos por congestión sobrantes para el desarrollo de la red y comprometerse a eliminar gradualmente las infraestructuras de combustibles fósiles.
CAN Europe había descrito anteriormente el paquete como "un paso muy necesario para acelerar la transición de Europa hacia una red totalmente renovable y resiliente", pero advirtió que la aceleración "debe ir de la mano de una sólida protección ambiental" . La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) también envió recomendaciones instando a los ministros a mantener la ambición del paquete .
El paquete de redes se formuló en un contexto de presiones acuciantes:
En los márgenes del Consejo, se firmó el primer acuerdo tripartito de la UE sobre almacenamiento de energía entre representantes de autoridades públicas, el sector del almacenamiento y los consumidores industriales de energía .
La posición común (general approach) acordada por el Consejo allana el camino para las negociaciones a tres bandas (trílogos) con el Parlamento Europeo a finales de 2026. Las líneas de batalla clave —planificación centralizada frente a nacional y financiación transfronteriza— ya están trazadas, y el Parlamento podría intentar restaurar parte de la ambición original de la Comisión.