El 15 de junio de 2026, la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del DOJ presentó una moción para intervenir como demandante de pleno derecho y para desestimar el caso . Es un paso muy inusual que el gobierno federal intervenga en nombre de una empresa privada en una demanda ciudadana bajo la Ley de Aire Limpio
.
Los argumentos centrales del DOJ:
El elemento más sorprendente de la presentación del DOJ es su vínculo directo con operaciones de combate militar activas de EE.UU. Según el DOJ y funcionarios del Pentágono:
Observadores legales señalaron que este es el primer caso documentado en el que el gobierno federal invoca operaciones de combate clasificadas activas para bloquear la aplicación de la Ley de Aire Limpio .
Según la Ley de Aire Limpio, los infractores pueden enfrentar sanciones civiles de hasta $121,275 por día por infracción (ajustado por inflación). La demanda de la NAACP solicita específicamente sanciones civiles por día por cada día que xAI haya operado las turbinas sin permiso . Con 27+ turbinas operando durante muchos meses, la responsabilidad potencial podría ascender a decenas o cientos de millones de dólares. Sin embargo, no se ha estipulado una cifra exacta en los documentos judiciales; el monto de la multa lo determinaría el tribunal si el caso continúa.
El representante estatal de Tennessee, Justin J. Pearson, un demócrata cuyo distrito cubre parte de Memphis cerca del centro de datos de xAI, ha sido vocal:
El caso —NAACP v. xAI/MZX Tech, No. 3:26-cv-74 (N.D. Miss.)— representa un enfrentamiento histórico entre la justicia ambiental, la política federal de IA y la ley de seguridad nacional. Los críticos argumentan que la intervención del DOJ podría sentar un precedente que permita a las empresas evitar el cumplimiento ambiental vinculando sus operaciones a los sistemas de IA militares . El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la moción de desestimación.
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