La administración Trump escaló el conflicto demandando a Illinois, Connecticut y Arizona en abril de 2026, argumentando que la ley federal prevalece sobre las regulaciones de juego estatales en materia de mercados de predicción . Estas demandas representan el esfuerzo federal más significativo hasta la fecha para establecer la jurisdicción exclusiva de la CFTC sobre el sector.
Los tribunales federales ya están opinando. En febrero de 2026, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Tennessee otorgó a Kalshi una medida cautelar, al considerar que sus contratos sobre eventos deportivos son probablemente "swaps" (permutas financieras) bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas y que la ley federal probablemente prevalece sobre los esfuerzos de Tennessee para regularlos . Este fallo añade un dato muy relevante a una jurisprudencia en rápida expansión.
La oposición a nivel estatal sigue siendo feroz. Al menos 11 estados han emitido órdenes de cese y desistimiento contra estos contratos. Nevada consiguió un fallo judicial que bloquea la operativa de Kalshi y Polymarket. Arizona llegó a presentar 20 cargos penales contra Kalshi por juego ilegal. Más de 20 demandas federales están actualmente pendientes sobre esta cuestión .
El Congreso también está metiendo presión. Senadores clave presentaron una legislación que podría restringir severamente las perspectivas de la industria . En abril de 2026, una coalición de demócratas de la Cámara de Representantes instó a la CFTC a prohibir el uso de información privilegiada y los contratos sobre elecciones, acciones militares, deportes y decisiones gubernamentales sin un interés legítimo de cobertura económica
. El Comité de Supervisión de la Cámara envió en mayo una carta a Kalshi exigiendo registros sobre los mecanismos para evitar la elusión de las normas a través de sitios offshore
.
Fuera de Estados Unidos, la respuesta regulatoria ha sido más uniformemente hostil. Los mercados de predicción están restringidos o prohibidos en más de 50 países, incluyendo a Argentina, Colombia, Francia, Alemania y España, que los tratan como juego no autorizado .
La ofensiva de Brasil ha sido la más contundente. El 24 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda bloqueó 27 plataformas de predicción, incluidas Polymarket y Kalshi, a través del regulador de telecomunicaciones Anatel . El ministro de Hacienda, Dario Durigan, declaró que estas plataformas infringían las regulaciones de apuestas aprobadas por el Congreso y carecían de autorización legal para operar en el país
. El gobierno lanzó una campaña pública alertando a los ciudadanos de que operan sin licencia federal y serán tratadas como operaciones de juego ilegal
. El argumento principal del gobierno brasileño es la protección de los ahorros de los ciudadanos ante el riesgo de endeudamiento
.
Japón representa un enfoque radicalmente distinto. Polymarket está buscando la aprobación formal del gobierno para entrar en Japón con la mira puesta en 2030, para lo cual ha nombrado un representante en el país y trabaja a través de canales oficiales. En lugar de lanzarse primero y negociar después, ha optado por una diplomacia regulada que contrasta con su estrategia en otros mercados . Japón cuenta con una de las leyes de juego más estrictas entre las grandes economías, lo que convierte esta estrategia cautelosa y a largo plazo en una rara excepción.
La lista de vetos crece en tiempo real. En las semanas inmediatamente anteriores al Mundial, España, Indonesia e India se sumaron a la nómina de países que restringen o bloquean el acceso a estas plataformas .
El sector del juego tradicional se ha movilizado agresivamente contra los mercados de predicción, viéndolos como una amenaza existencial para las apuestas deportivas reguladas por el estado.
La Asociación Americana del Juego (AGA) y la Asociación de Juego Indígena (IGA) emitieron una carta conjunta al Congreso en enero de 2026 exigiendo medidas inmediatas, calificando estos mercados como un peligroso universo de apuestas paralelo, no regulado y sin carga fiscal . La AGA estima que estas plataformas les han costado a los gobiernos más de 500 millones de dólares en potenciales ingresos fiscales por apuestas deportivas
.
La alarma en el sector es generalizada. Según una encuesta de la AGA del primer trimestre de 2026, el 81% de los ejecutivos del juego señalan ya a los mercados de predicción como una amenaza “muy significativa” para la industria regulada . Esa cifra refleja a un sector que ve cómo sus ventajas regulatorias y fiscales están siendo sistemáticamente erosionadas.
Los sindicatos se han unido a la oposición. El poderoso sindicato UNITE HERE, que representa a más de 100.000 empleados de casinos, ha pedido la eliminación total de los contratos sobre eventos deportivos . En junio de 2026, la industria del juego, las tribus y los sindicatos instaron conjuntamente a los legisladores a añadir un texto que prohíba a los mercados de predicción ofrecer apuestas deportivas dentro de la legislación pendiente sobre criptomonedas
.
El conflicto ha fracturado a la propia industria. DraftKings, FanDuel, Fanatics y bet365 abandonaron la AGA en un lapso de seis meses, en parte por divisiones internas sobre cómo gestionar el desafío de los mercados de predicción. De hecho, algunos de estos operadores han lanzado ya sus propios productos de mercados de predicción .
No hay un tratado internacional, ley modelo o acuerdo multilateral que regule estos mercados. Cada jurisdicción está improvisando sobre la marcha, a menudo estirando leyes existentes diseñadas para fines muy diferentes.
El análisis de la consultora KPMG describe la estrategia de EE. UU. como una de “acomodación a la espera del desenlace judicial”, no como una política firme y cerrada . La CFTC está aplicando un marco concebido para derivados agrícolas y financieros a un producto que, en la práctica, funciona y se liquida como una apuesta deportiva
. Por su parte, la mayoría de los demás países simplemente tratan los mercados de predicción como juego ilegal bajo sus leyes de apuestas vigentes, sin que ninguno haya promulgado una ley diseñada específicamente para este nuevo fenómeno
.
En el fondo de cada demanda, cada prohibición y cada campaña de presión, subyace una única pregunta con enormes consecuencias prácticas.
El argumento de los derivados financieros sostiene que estos contratos son futuros regulados bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas, que ofrecen información valiosa sobre eventos del mundo real, de forma análoga a los futuros climáticos o los indicadores económicos . Bajo este paraguas, la jurisdicción exclusiva recae en la CFTC.
El argumento del juego de azar defiende que estos contratos son funcionalmente idénticos a las apuestas deportivas, pero operan sin los impuestos estatales, la verificación de edad, las reglas de juego responsable o las protecciones al consumidor . Si esta visión prevalece, las plataformas deberán cumplir con los regímenes de licencias de cada estado o enfrentarse a prohibiciones absolutas en aquellos estados que veten el juego.
Lo que está en juego es enorme. Las demandas de la administración Trump para anular las leyes estatales buscan explícitamente consolidar la clasificación como derivados financieros a nivel nacional . El resultado de esta batalla determinará si los mercados de predicción funcionan como un mercado nacional con regulación federal o si deben navegar por 50 regímenes regulatorios estatales diferentes.
El Mundial 2026 ha puesto esta pregunta sin resolver bajo los focos, con miles de millones de dólares fluyendo a través de un vacío legal mientras los tribunales, los congresos y los reguladores internacionales se apresuran a intentar cerrar la brecha.
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