En los meses previos al juicio de su padre, Eduardo Bolsonaro, entonces diputado federal, pidió licencia en el Congreso brasileño y se trasladó a Estados Unidos. Su misión declarada era convencer al entonces presidente electo Donald Trump y a su futura administración de que intervinieran . Según la Fiscalía brasileña, el cabildeo de Eduardo fue más allá de la persuasión política y se convirtió en coacción criminal.
La denuncia formal, admitida por el STF en noviembre de 2025, lo acusaba de recurrir a amenazas para obstruir la justicia: presionó para que se impusieran sanciones y aranceles comerciales estadounidenses contra magistrados del STF, incluido el juez Alexandre de Moraes, encargado de las causas del golpe . El Procurador General, Paulo Gonet, afirmó que Eduardo “priorizó de manera persistente los intereses personales y familiares por encima de los de la nación” al buscar exponer a Brasil a sanciones extranjeras en beneficio propio
.
El 16 de junio de 2026, la Primera Sala del STF declaró a Eduardo culpable en ausencia del delito de coacción en el curso de un proceso legal. Le impuso una pena de 4 años y 2 meses de prisión, dentro del rango legal previsto de uno a cuatro años para ese delito . La sentencia incluyó además una multa relevante: 50 días-multa, cada uno equivalente a dos salarios mínimos, lo que suma más de 30.000 dólares estadounidenses
.
Además de la pena de prisión, el tribunal lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de la condena más un período adicional de 8 años, lo que frustra su carrera política en el futuro previsible . Según reportes, el juez Alexandre de Moraes —figura central en los procesos contra los Bolsonaro— declaró durante las sesiones que la condición de legislador federal de Eduardo era incompatible con presionar a un gobierno extranjero para que ejerza coerción sobre el Poder Judicial de su propio país
.
La defensa de Eduardo sostuvo que su actividad era ejercicio legítimo de la libertad de expresión y cabildeo político, no intimidación criminal, y alegó que faltaban pruebas para una condena . El tribunal rechazó el argumento por unanimidad. El hijo menor de Bolsonaro continúa en Estados Unidos, donde es considerado prófugo. Para hacer efectiva la sentencia, las autoridades brasileñas deberían presentar un pedido formal de extradición al gobierno estadounidense, un trámite cargado de complejidad política y diplomática
.
La condena de Eduardo Bolsonaro abre un capítulo adicional en el ajuste de cuentas que Brasil enfrenta por el intento de golpe de 2022. Envía una señal clara: el STF no solo persigue a los autores directos, como el expresidente, sino también a quienes intentan socavar sus procesos judiciales desde el extranjero. Para los partidarios de Bolsonaro, el fallo alimenta la narrativa de persecución judicial; para el sistema judicial brasileño, representa una defensa ineludible de la soberanía nacional y del Estado de derecho.
Comments
0 comments