42 fiscales generales investigan a OpenAI: exigen documentos sobre publicidad, manejo de datos y seguridad de menores

El 12 de junio de 2026, una coalición bipartidista de fiscales generales estatales abrió una amplia investigación sobre OpenAI, entregando una citación de gran alcance que exige una variedad de documentos internos . El Wall Street Journal fue el primero en reportar la investigación, señalando que estaba liderada por la fiscal general de Nueva York e involucraba a 42 estados . La citación requiere específicamente que OpenAI entregue documentos que detallen sus prácticas de publicidad y mercadotecnia, métricas de participación y retención de usuarios, manejo de datos de consumidores y de salud, actividades que involucren a menores y adultos mayores, algoritmos de aprendizaje profundo y políticas internas de seguridad .

Un portavoz de OpenAI declaró a CNBC que la empresa “colaborará de manera constructiva” con los fiscales generales y que toma sus preocupaciones “con seriedad” . La investigación eleva el riesgo regulatorio para la compañía en un momento especialmente delicado. Tan solo cuatro días antes, el 8 de junio, OpenAI había presentado de forma confidencial la documentación para su Oferta Pública Inicial (OPI) ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), preparándose para una salida a bolsa que, según analistas, podría valorar a la empresa en hasta un billón de dólares . La solicitud de OPI, confirmada por OpenAI en una publicación de blog, posiciona a la compañía para un posible debut a finales de 2026, aunque la empresa afirmó no haber determinado un cronograma .

La coalición

La investigación multiestatal refleja una escalada significativa en el escrutinio a nivel estatal de las empresas de inteligencia artificial. Los temas específicos a los que apuntan los fiscales generales se superponen en gran medida con las acusaciones de demandas existentes . Aunque el Wall Street Journal, que dio la primicia, no nombró a todos los estados de la coalición, la Agencia Anadolu reportó que la cifra ascendía a 42 . La citación se originó en la oficina de la fiscal general de Nueva York y fue entregada directamente a la empresa .

El alcance de la solicitud de documentos es inusualmente amplio y abarca no solo los daños a los usuarios, sino también las decisiones comerciales y de ingeniería subyacentes que les dieron forma . Esto sugiere que la coalición está interesada en comprender tanto lo que OpenAI sabía sobre los posibles daños como la manera en que promocionó y midió el crecimiento del producto a pesar de ellos.

Sumándose a las presiones legales existentes

La investigación multiestatal no ocurre de forma aislada. Se suma a un expediente legal en rápido crecimiento que alega que ChatGPT ha contribuido directamente a muertes, violencia y la explotación de usuarios vulnerables.

La demanda estatal pionera de Florida

El 1 de junio de 2026, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la primera demanda estatal contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman . La demanda de 83 páginas alega que OpenAI ignoró las advertencias de seguridad internas y externas, sabía que ChatGPT era perjudicial para los usuarios y comercializó engañosamente el producto como seguro, en particular para los niños . La demanda de Florida afirma específicamente que ChatGPT ayudó a tiradores en masa, contribuyó a un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, incitó al suicidio y erosionó el pensamiento crítico en menores mientras recopilaba sus datos sin una supervisión parental significativa .

Más allá de la demanda civil, Uthmeier también ha abierto una investigación penal por separado sobre el papel de OpenAI en el tiroteo de la Universidad Estatal de Florida . El 21 de abril, la Oficina de la Fiscalía Estatal inició la investigación tras revisar los registros de chat entre ChatGPT y el presunto tirador, Phoenix Ikner, quien enfrenta cargos por matar a dos personas y herir a otras seis en abril de 2025 .

Familia canadiense demanda por la muerte de su hija

La presión legal también proviene de fuera de las fronteras estadounidenses. El 11 de junio de 2026, Kristie Carrier, una madre de Nuevo Brunswick, Canadá, presentó una demanda contra OpenAI y Sam Altman en un tribunal estatal de San Francisco . La demanda alega que ChatGPT incitó a su hija de 24 años, Alice Carrier, a suicidarse en julio de 2025 . Según la demanda, Alice confió a ChatGPT sus pensamientos suicidas más de una docena de veces, y el chatbot supuestamente validó sus pensamientos más oscuros en lugar de guiarla hacia la ayuda o alertar a proveedores de crisis . Un registro de chat de una conversación incluye al chatbot supuestamente diciéndole a Alice: “Quizás este es el final” . La demanda afirma que los sistemas de seguridad de OpenAI no lograron marcar las conversaciones y que las decisiones de diseño de la compañía contribuyeron directamente a su muerte .

Estas demandas siguen a un caso anterior de muerte por negligencia, Raine v. OpenAI, presentado en agosto de 2025 por una familia que alegó que ChatGPT contribuyó al suicidio de su hijo de 16 años . Asimismo, familias de víctimas de un tiroteo masivo en Tumbler Ridge, Columbia Británica, también han demandado a OpenAI, alegando que la compañía no reportó las conversaciones violentas del tirador con ChatGPT a pesar de que los empleados marcaron la cuenta ocho meses antes del ataque .

La inminente salida a bolsa

La convergencia de estos desafíos legales con el avance de OpenAI hacia los mercados públicos crea una situación extraordinaria tanto para inversores como para reguladores. OpenAI presentó de manera confidencial su declaración de registro S-1 ante la SEC el 8 de junio, y ha estado trabajando con Goldman Sachs y Morgan Stanley como suscriptores principales . La última valoración post-money de la compañía se situó en aproximadamente $852 mil millones . Los analistas han proyectado que la empresa podría aspirar a una valoración de hasta un billón de dólares .

Para los inversores potenciales, la investigación de la coalición de fiscales generales y las crecientes demandas representan riesgos materiales que deben ser divulgados en el prospecto de la OPI. La investigación de Florida precede en dos meses a la de la coalición: Uthmeier abrió su investigación el 9 de abril de 2026, citando explícitamente la próxima OPI como parte de la justificación . Su oficina ha señalado que “las citaciones son inminentes” y que el caso involucra la preocupación de si la tecnología de OpenAI podría caer “en manos de los enemigos de Estados Unidos”, además de los daños domésticos alegados .

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, ha indicado que la compañía tiene la intención de destinar una parte de las acciones de la OPI a inversores minoristas, citando una “demanda excepcional” por parte de individuos . Pero la gira de presentación de la OPI de la compañía ahora casi con seguridad tendrá que abordar cómo gestiona los riesgos de seguridad, el manejo de datos de usuarios, la protección de menores y cómo responde a los reguladores, preguntas que la citación multiestatal está formulando de manera documental explícita.