Desde el primer día, las autoridades de facto hutíes han justificado las detenciones con una única acusación: los trabajadores humanitarios son, en realidad, espías al servicio de Israel, Estados Unidos y sus aliados occidentales .
Uno de los casos más representativos es el de un ex empleado de la embajada estadounidense que apareció en un video de propaganda hutí en octubre de 2024, "confesando" cargos de espionaje . La ONU ha calificado sistemáticamente estas acusaciones de "infundadas" y "falsas"
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En septiembre de 2025, el Ministerio de Exteriores dirigido por los hutíes declaró que las inmunidades legales de la ONU "no deberían proteger actividades de espionaje" . Un mes después, anunciaron que 43 empleados locales de la ONU serían llevados a juicio por su presunta vinculación con un ataque aéreo israelí que tuvo como blanco a líderes del grupo
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El 23 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal Especializado de Saná dictó 17 condenas a muerte por fusilamiento . Según Human Rights Watch, los detenidos han sufrido desaparición forzada, incomunicación prolongada y ausencia total de un proceso legal justo
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El 23 de enero de 2025, un trabajador yemení del Programa Mundial de Alimentos (PMA), identificado solo como "Ahmed" por la directora ejecutiva Cindy McCain, fue detenido de forma arbitraria por las autoridades hutíes . Tenía 40 años, esposa y dos hijos
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El 10 de febrero de 2025, Ahmed murió bajo custodia en un centro de detención en el norte de Yemen . Las circunstancias de su muerte siguen sin esclarecerse. El Secretario General de la ONU se declaró "consternado e indignado", exigió una investigación inmediata, transparente y exhaustiva, y pidió que los responsables rindan cuentas
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La respuesta internacional fue contundente:
Yemen atraviesa una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 21 millones de personas que necesitan asistencia. Los arrestos masivos han asestado un golpe directo a esa ayuda.
En febrero de 2025, tras la muerte de Ahmed y los arrestos de enero, la ONU suspendió todas sus operaciones en la provincia de Saada, un bastión hutí . Human Rights Watch documentó que las detenciones han "paralizado la ayuda" en el país
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El PMA, una de las agencias más afectadas, confirmó en septiembre de 2025 que 21 de sus propios empleados estaban entre los detenidos, lo que dificultaba directamente la distribución de alimentos . La ONU ha advertido que atacar a los trabajadores humanitarios "socava toda la respuesta humanitaria"
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La comunidad internacional ha sido unánime en sus exigencias, pero las palabras no han logrado torcer el brazo de los hutíes.
La realidad es cruda. Mientras las condenas se acumulan, los hutíes mantienen su control sobre la narrativa y el destino de 73 funcionarios de la ONU. La crisis no solo desafía la autoridad del derecho internacional, sino que castiga a una población civil que depende de la ayuda que estos trabajadores ya no pueden entregar.
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