Una alianza de nueve países —Polonia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia— ha presentado un desafío formal mediante un non-paper conjunto. Liderados por Polonia, consideran que los objetivos son prematuros. Alegan que la "desigualdad en la infraestructura de recarga" y las grandes "brechas de asequibilidad" entre los Estados miembro hacen que los mandatos vinculantes sean inviables por ahora .
La coalición exige reestructurar por completo el reglamento, sustituyendo las cuotas de compra obligatorias por "mecanismos basados en incentivos", medidas fiscales e inversiones específicas en infraestructura. Advierten de que la propuesta actual corre el riesgo de "distorsionar el mercado único" al imponer costes desproporcionados a las economías menos preparadas para una electrificación masiva de flotas .
El mapa de la coalición revela una profunda división geográfica. El bloque opositor está dominado por naciones de Europa Central y del Este, donde las tasas de adopción de vehículos eléctricos, la densidad de puntos de recarga y el poder adquisitivo de los consumidores van muy por detrás de los de Europa Occidental y del Norte. Polonia y Bulgaria, por ejemplo, tienen algunas de las cuotas de mercado de vehículos eléctricos más bajas de toda la UE . Aunque la propuesta de la Comisión ajusta los objetivos en función del PIB, la coalición argumenta que la fórmula no logra compensar desventajas estructurales como las carencias históricas de infraestructura y los menores ingresos medios .
La oposición política se ve amplificada por potentes voces del sector privado. BusinessEurope, la principal patronal europea, publicó un documento de posición el 29 de mayo de 2026 exigiendo que la transición se impulse "mediante incentivos, no con mandatos", y reclamando plena neutralidad tecnológica en lugar de un impulso de facto hacia el vehículo eléctrico de batería .
Los fabricantes de automóviles han sido igual de directos. El Grupo BMW publicó un informe en el que argumenta que los mandatos "no dan en el clavo" y supondrían una prohibición de facto de los vehículos de combustión interna para 2030, al margen de la demanda de los consumidores o de la realidad del mercado . En diciembre de 2025, BMW y Toyota se unieron a una coalición de 67 empresas de leasing, alquiler y gestión de flotas en una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificando los objetivos obligatorios de compra de vehículos eléctricos como "terriblemente costosos y contraproducentes" .
Un conjunto más amplio de asociaciones sectoriales —como AECC, IRU, CLEPA y FuelsEurope— también ha expresado su apoyo a enfoques basados en incentivos y tecnológicamente neutros, y a que se excluya del reglamento a las empresas de leasing y a las pymes .
El proceso legislativo entra en una fase crítica:
El Consejo debe adoptar el reglamento por mayoría cualificada: el 55 % de los Estados miembro (15 de 27) que representen al menos el 65 % de la población de la UE. Una minoría de bloqueo puede formarse con tan solo cuatro países que sumen el 35 % de la población. La coalición de nueve países, que incluye a grandes Estados como Polonia e Italia, ya supera ese umbral .
Esto significa que la Comisión no tiene vía alguna para sacar adelante la norma sin hacer concesiones de calado. El desenlace más probable es un giro desde los mandatos nacionales vinculantes hacia un marco más flexible que dé prioridad a los incentivos, el apoyo a las infraestructuras y unos plazos de transición más largos. Sin estos cambios, el reglamento no logrará reunir la mayoría necesaria.
Una alianza de nueve países —Polonia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia— ha presentado un desafío formal mediante un non-paper conjunto. Liderados por Polonia, consideran que los objetivos son prematuros. Alegan que la "desigualdad en la infraestructura de recarga" y las grandes "brechas de asequibilidad" entre los Estados miembro hacen que los mandatos vinculantes sean inviables por ahora .
La coalición exige reestructurar por completo el reglamento, sustituyendo las cuotas de compra obligatorias por "mecanismos basados en incentivos", medidas fiscales e inversiones específicas en infraestructura. Advierten de que la propuesta actual corre el riesgo de "distorsionar el mercado único" al imponer costes desproporcionados a las economías menos preparadas para una electrificación masiva de flotas .
El mapa de la coalición revela una profunda división geográfica. El bloque opositor está dominado por naciones de Europa Central y del Este, donde las tasas de adopción de vehículos eléctricos, la densidad de puntos de recarga y el poder adquisitivo de los consumidores van muy por detrás de los de Europa Occidental y del Norte. Polonia y Bulgaria, por ejemplo, tienen algunas de las cuotas de mercado de vehículos eléctricos más bajas de toda la UE . Aunque la propuesta de la Comisión ajusta los objetivos en función del PIB, la coalición argumenta que la fórmula no logra compensar desventajas estructurales como las carencias históricas de infraestructura y los menores ingresos medios .
La oposición política se ve amplificada por potentes voces del sector privado. BusinessEurope, la principal patronal europea, publicó un documento de posición el 29 de mayo de 2026 exigiendo que la transición se impulse "mediante incentivos, no con mandatos", y reclamando plena neutralidad tecnológica en lugar de un impulso de facto hacia el vehículo eléctrico de batería .
Los fabricantes de automóviles han sido igual de directos. El Grupo BMW publicó un informe en el que argumenta que los mandatos "no dan en el clavo" y supondrían una prohibición de facto de los vehículos de combustión interna para 2030, al margen de la demanda de los consumidores o de la realidad del mercado . En diciembre de 2025, BMW y Toyota se unieron a una coalición de 67 empresas de leasing, alquiler y gestión de flotas en una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificando los objetivos obligatorios de compra de vehículos eléctricos como "terriblemente costosos y contraproducentes" .
Un conjunto más amplio de asociaciones sectoriales —como AECC, IRU, CLEPA y FuelsEurope— también ha expresado su apoyo a enfoques basados en incentivos y tecnológicamente neutros, y a que se excluya del reglamento a las empresas de leasing y a las pymes .
El proceso legislativo entra en una fase crítica:
El Consejo debe adoptar el reglamento por mayoría cualificada: el 55 % de los Estados miembro (15 de 27) que representen al menos el 65 % de la población de la UE. Una minoría de bloqueo puede formarse con tan solo cuatro países que sumen el 35 % de la población. La coalición de nueve países, que incluye a grandes Estados como Polonia e Italia, ya supera ese umbral .
Esto significa que la Comisión no tiene vía alguna para sacar adelante la norma sin hacer concesiones de calado. El desenlace más probable es un giro desde los mandatos nacionales vinculantes hacia un marco más flexible que dé prioridad a los incentivos, el apoyo a las infraestructuras y unos plazos de transición más largos. Sin estos cambios, el reglamento no logrará reunir la mayoría necesaria.