Las preocupaciones de AkademikerPension no son infundadas. Aunque el documento de registro S-1 de SpaceX sigue siendo confidencial, las principales cláusulas estructurales propuestas han trascendido y han sido condenadas de forma pública y directa por una poderosa coalición de fondos de pensiones estadounidenses. El 13 de mayo de 2026, el contralor del Estado de Nueva York, Thomas DiNapoli; el contralor de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine; y la directora ejecutiva de CalPERS, Marcie Frost —quienes supervisan colectivamente más de un billón de dólares en activos de jubilación— enviaron una carta formal a Elon Musk y a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell . En la misiva, calificaron la estructura propuesta de "extrema" y advirtieron que "despojaría a los inversores de protecciones fundamentales"
.
Las cláusulas específicas que provocaron esta respuesta coordinada incluyen:
Los líderes de los fondos de pensiones describieron la combinación como algo sin precedentes a esta escala, calificándola como "la estructura de gobierno más favorable a la dirección jamás presentada en los mercados públicos de Estados Unidos" .
Un problema distinto pero crucial agrava el riesgo de gobernanza. Según las reglas bursátiles vigentes, se espera que las acciones de SpaceX se incluyan en los principales índices de referencia, como el S&P 500, a los pocos días de su salida a bolsa . Este mecanismo obligaría a los fondos indexados pasivos —que son la opción de inversión por defecto para los planes de jubilación de millones de maestros, bomberos y empleados públicos— a comprar y mantener automáticamente las acciones
.
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), ya había alertado sobre esta vulnerabilidad, argumentando que la SEC debía implementar salvaguardas para evitar que los ahorros de toda una vida de los trabajadores "quedaran a merced de una empresa que opera más como un negocio familiar de Musk que como una corporación pública" . La exclusión preventiva de AkademikerPension es una maniobra deliberada para esquivar por completo este problema de compra forzosa.
El segundo pilar de la decisión de AkademikerPension es un simple escepticismo sobre la valoración. Los indicios del mercado apuntaban a una valoración objetivo para SpaceX de al menos 1,8 billones de dólares, con un objetivo de recaudación de hasta 75.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la mayor OPV de la historia . AkademikerPension afirmó que era difícil justificar una valoración de mercado superior al billón de dólares y concluyó que, incluso si el gobierno corporativo no fuera un problema, las cifras no representan "una oportunidad de inversión atractiva" para un fondo de pensiones con vocación de largo plazo
. La postura del fondo es que la estructura extrema de gobernanza no es solo una línea roja ética, sino un riesgo material que demuestra que el precio público está desconectado del valor fundamental del negocio.
Incluir a SpaceX en la lista negra no es una reacción anómala. Para un fondo que analiza sistemáticamente los riesgos de gobernanza, derechos humanos y sostenibilidad, se trata del último episodio en una clara secuencia:
Desde esta perspectiva, la exclusión de SpaceX es una aplicación coherente de una política de gobernanza ESG bien definida, más que una señal política repentina. Las prioridades de voto del fondo para 2026 hacen hincapié en la independencia del consejo, los umbrales de diversidad de género y la planificación de capital alineada con el Acuerdo de París, todo lo cual es incompatible con una empresa controlada por su CEO que elude la supervisión independiente .
La OPV de SpaceX se convierte ahora en una prueba de fuego para determinar si los mercados públicos aún pueden hacer valer las protecciones básicas de los accionistas en la mayor escala de captación de capital. La acción de AkademikerPension, junto con la carta de los tres mayores planes de pensiones públicos de Estados Unidos, plantea una cuestión estructural que la SEC y las bolsas de valores se verán obligadas a abordar: si una empresa puede eliminar legalmente las demandas de los accionistas, neutralizar su consejo de administración y hacer inamovible a su director ejecutivo, ¿tiene cabida esa empresa en los índices de referencia donde los trabajadores públicos no tienen más remedio que comprar sus acciones?
Por ahora, al menos un fondo con 25.000 millones de dólares ya ha decidido que la respuesta es no.
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