Además, el fenómeno no es nuevo. Desde octubre de 2023, alrededor de 5,4 millones de afganos han regresado desde Irán y Pakistán, muchos de ellos bajo presión o sin una alternativa real para quedarse.
Organismos de derechos humanos de la ONU y de la Unión Europea advierten que los afganos que vuelven al país bajo el control talibán pueden enfrentar múltiples amenazas. Entre los riesgos documentados se encuentran:
Los grupos considerados especialmente vulnerables incluyen:
La ONU también ha documentado casos de amenazas, arrestos y abusos contra personas que regresan, especialmente si se les percibe como críticos del régimen o vinculados al antiguo gobierno afgano.
El debate internacional sobre estas deportaciones gira en gran parte en torno al principio de non‑refoulement, una norma fundamental del derecho internacional.
Este principio establece que ningún Estado debe expulsar o devolver a una persona a un país donde existan motivos fundados para creer que podría sufrir persecución, tortura, trato cruel o graves violaciones de derechos humanos.
En otras palabras, si la vida o la libertad de alguien podrían estar en peligro al regresar a su país de origen, los Estados tienen la obligación legal de no enviarlo de vuelta.
Las agencias de la ONU subrayan que esta protección se aplica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, lo que significa que incluso quienes no tienen documentación o cuya solicitud de asilo fue rechazada pueden estar protegidos si enfrentan riesgos graves al regresar.
La advertencia de la ONU llega en un momento en que varios países están endureciendo sus políticas migratorias y aumentando las expulsiones. Sin embargo, organizaciones internacionales sostienen que priorizar el control migratorio por encima de la protección de derechos humanos puede llevar a violaciones del derecho internacional, especialmente cuando se trata de personas que huyen de contextos inseguros como el Afganistán bajo el gobierno talibán.
Para la ONU, la conclusión es clara: las deportaciones forzadas a Afganistán deberían detenerse mientras persista el riesgo de graves abusos contra quienes regresan.
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