Una de las críticas más repetidas es el coste. Un análisis del propio BCE estima que los bancos podrían tener que invertir entre 4.000 y 5.800 millones de euros para adaptar sus sistemas e integrar el nuevo esquema.
Además del gasto inicial, existe una preocupación más profunda: la posible desintermediación bancaria. Si los ciudadanos pudieran guardar dinero en monederos digitales respaldados por el BCE, parte de los depósitos podría salir de los bancos comerciales, sobre todo en momentos de tensión financiera.
Los depósitos son una fuente barata de financiación para los bancos. Si disminuyen, las entidades podrían tener que recurrir a fuentes de financiación más caras, lo que afectaría a su modelo de negocio.
El BCE insiste en que el objetivo no es sustituir a los bancos. La institución defiende mantener el llamado modelo monetario de dos niveles, en el que el banco central emite el dinero pero los bancos privados lo distribuyen al público.
Según el diseño planteado, los bancos y otros proveedores de pago serían los intermediarios que ofrecerían las carteras digitales y construirían servicios encima de la infraestructura del euro digital.
La idea es que funcione como una plataforma común sobre la que empresas privadas puedan innovar, manteniendo a la banca dentro del ecosistema de pagos digitales europeo.
El proyecto todavía depende de decisiones políticas. Si la legislación europea necesaria se aprueba en 2026, el BCE prevé iniciar pruebas piloto en 2027 y estar preparado para una posible primera emisión alrededor de 2029.
Mientras tanto, el mercado no se queda quieto.
El BCE también advierte de otro riesgo: el auge de stablecoins y dinero digital emitido por empresas privadas, muchas veces denominadas en dólares, que podrían desplazar al dinero bancario en euros si Europa no ofrece una alternativa pública sólida.
En paralelo, bancos y empresas de pago europeas están impulsando sus propias soluciones. Iniciativas como Wero, desarrollada por la European Payments Initiative (EPI), y la alianza EuroPA buscan crear una red de pagos paneuropea independiente de las redes estadounidenses.
Estas iniciativas ya conectan servicios nacionales como Bizum (España), Bancomat (Italia), MB WAY (Portugal) o Vipps MobilePay (países nórdicos), con unos 130 millones de usuarios combinados en varios países europeos.
Para muchos bancos, este enfoque tiene una ventaja clave: mantiene la relación directa con el cliente y los ingresos del negocio de pagos dentro del propio sector bancario.
En el fondo, el debate sobre el euro digital no es solo tecnológico. También es una discusión sobre quién controlará la próxima capa de infraestructura de pagos en Europa.
El BCE ve el euro digital como una herramienta estratégica para reforzar la autonomía monetaria y tecnológica del continente. Los bancos, en cambio, temen que un sistema de pagos gestionado por el banco central pueda convertirse en un competidor directo para sus depósitos, carteras digitales y servicios de pago.
A medida que Europa intenta reducir su dependencia de redes extranjeras, ese equilibrio entre soberanía pública y negocio privado se ha convertido en uno de los debates clave del futuro financiero europeo.
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