La medida se emitió al amparo del Artículo 90, apartado II, de la Constitución cubana, que faculta al presidente para otorgar indultos . El gobierno calificó la decisión como un "gesto humanitario y soberano" vinculado a la Semana Santa
.
Los grupos liberados incluyen mujeres, adultos jóvenes, personas mayores de 60 años, extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior .
Un detalle relevante que salió a la luz con la publicación de la lista: 95 personas están vinculadas a casos tramitados por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular . El gobierno cubano no utiliza la categoría de "preso político" para referirse a ninguno de ellos, y estos casos fueron juzgados bajo tipos penales comunes
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A pesar de la magnitud de la amnistía y de la inclusión de causas relacionadas con la seguridad del Estado, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han sido categóricas: la lista no contiene a nadie que ellas reconozcan como preso político o preso de conciencia.
Los presos de conciencia nominados por Amnistía Internacional no están en la lista. Ninguna de las personas que Amnistía ha designado formalmente como presas de conciencia —entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Félix Navarro Rodríguez, Saily Navarro Álvarez, Roberto Pérez Fonseca, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro— aparece entre los indultados .
Otros grupos independientes llegaron a la misma conclusión. Human Rights Watch, Justicia 11J y Prisoners Defenders confirmaron que no han podido identificar a ningún detenido político en la relación publicada .
Human Rights Watch señaló que el gobierno cubano excluyó explícitamente a las personas condenadas por "delitos contra la autoridad", una categoría que en el Código Penal cubano abarca figuras como "desacato", "propaganda ilegal" y "atentado", habitualmente utilizadas para procesar la disidencia pacífica .
El escepticismo se ve reforzado por la liberación de 51 presos en marzo de 2026, de los cuales apenas 20 estaban vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021 y cumplían penas de 6 a 18 años . Aquella excarcelación, gestionada a través del Vaticano, se presentó como un gesto de buena voluntad, pero la reducida fracción de causas políticas que cubrió apenas modificó la valoración de los colectivos de derechos humanos.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dejó explícita la posición del gobierno en marzo: "En las negociaciones con Estados Unidos no estamos discutiendo el tema de los presos políticos. Es un asunto interno de Cuba" .
La amnistía de abril no se produjo de forma aislada. Es el segundo capítulo de un año marcado por la escalada de presión estadounidense, la diplomacia mediada por el Vaticano y unas excarcelaciones selectivas que, hasta ahora, han evitado a los disidentes de alto perfil.
El 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó públicamente por primera vez que Cuba estaba inmersa en conversaciones diplomáticas con Estados Unidos . Al mismo tiempo, la isla liberó a 51 presos en virtud de un acuerdo negociado con la Santa Sede, presentado como un gesto de buena voluntad hacia el Vaticano
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Tras una reunión secreta celebrada el 10 de abril en La Habana entre funcionarios estadounidenses y cubanos, la administración Trump lanzó un ultimátum de dos semanas exigiendo la liberación de presos políticos de alto perfil, en concreto del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del rapero Maykel Castillo Pérez (Osorbo) .
Cuba rechazó el ultimátum. El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que La Habana "no se someterá a ultimátums estadounidenses" y que la liberación de los presos políticos "no está sobre la mesa de negociación" .
En mayo, Cuba liberó a otro preso político durante unas conversaciones facilitadas por la CIA. Mientras tanto, el régimen ofreció a Otero y a Castillo Pérez la excarcelación a cambio del exilio, una condición que obliga a los disidentes a elegir entre la libertad y abandonar el país . Cuando se publicó la lista, ambos seguían encarcelados.
Prisoners Defenders documentó la cifra récord de 1.260 presos políticos en Cuba en abril, diez más que el mes anterior . La organización registró 23 nuevos presos políticos solo durante ese mes, junto con denuncias de torturas, agresiones sexuales y denegación de atención médica en el interior del sistema penitenciario
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La campaña de presión estadounidense se ha visto espoleada por cambios geopolíticos contundentes. Tras la captura del dirigente venezolano en enero, la administración Trump endureció las sanciones, asfixió los envíos de petróleo a Cuba y advirtió de una posible intervención hostil, lo que marca el momento de mayor tensión entre ambos países en décadas . Los apagones a escala nacional y la severa escasez de combustible han intensificado la presión política sobre el gobierno de Díaz-Canel
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La publicación de los nombres supone una medida de transparencia que Cuba no había ofrecido hasta ahora. Pero el contenido confirma lo que los escépticos sospechaban desde el principio: la amnistía fue diseñada para mostrar buena voluntad y reducir la población penal bajo presión internacional, evitando cuidadosamente la excarcelación de cualquier persona que el mundo exterior reconociera como preso político.
Los 95 casos vinculados a la seguridad del Estado continúan en una zona gris. El gobierno los clasifica bajo tipos penales ordinarios, mientras que los grupos de derechos humanos sostienen que el propio marco legal se utiliza para criminalizar la disidencia .
Mientras Cuba y Estados Unidos prosiguen las tensas negociaciones sobre las sanciones energéticas, el alivio económico y los derechos humanos, la lista publicada deja un hecho inequívoco: las personas a las que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones han señalado como presos de conciencia siguen en prisión.
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