Esto plantea una disyuntiva. Las importaciones pueden abaratar los productos para los consumidores y reducir los costes de las empresas europeas que utilizan componentes chinos. Pero una entrada sostenida de bienes fuertemente subvencionados o vendidos a precios excepcionalmente bajos también puede reducir los márgenes, desalentar la inversión y poner en riesgo las redes de proveedores que sostienen la producción europea.
El primer shock chino estuvo asociado sobre todo al traslado de manufacturas de menor coste hacia las cadenas globales de suministro. El actual es distinto en un aspecto decisivo: las empresas chinas compiten cada vez más arriba en la cadena de valor.
La demanda interna china se ha debilitado, pero su capacidad industrial sigue siendo enorme. Los analistas describen esta combinación como un incentivo para colocar más producción china en los mercados internacionales, aumentar la presión sobre los precios europeos y reducir la demanda china de bienes de capital europeos.
Los sectores más expuestos incluyen:
Para las empresas europeas, el riesgo no se limita a perder ventas. La caída de los precios puede reducir la rentabilidad de las fábricas y los programas de investigación creados durante el impulso a la electrificación y la descarbonización. Si algunas plantas dejan de operar, Europa también podría perder proveedores especializados, conocimientos de ingeniería, capacidad de investigación y empleos cualificados.
Por eso el debate ya no gira únicamente en torno al déficit comercial. También trata sobre la resiliencia industrial y la seguridad económica.
Alemania es el ejemplo más claro de la vulnerabilidad europea porque la industria manufacturera y las exportaciones ocupan un lugar excepcionalmente importante en su modelo económico. Sus grandes fortalezas —automóviles, maquinaria, productos químicos y equipos industriales— fueron también sectores en los que China fue durante años un cliente fundamental y un mercado de crecimiento.
La relación está cambiando. Las empresas chinas son cada vez más capaces de competir en automóviles, maquinaria y productos químicos, en lugar de limitarse a comprar productos alemanes o a actuar como socios de producción de bajo coste. Alemania se encuentra presionada en tres frentes: dentro de China, en terceros mercados y, cada vez más, en el propio mercado europeo.
Los datos comerciales muestran el deterioro. Las exportaciones alemanas a China cayeron más de un 12 % interanual, hasta situarse ligeramente por debajo de los 37.000 millones de euros durante el primer semestre de 2026. En ese periodo, China pasó de ser el segundo mayor mercado de exportación de Alemania en 2021 a ocupar el noveno puesto, según cifras preliminares citadas por Reuters.
Los fabricantes de automóviles alemanes, como Volkswagen, afrontan una transición especialmente compleja. Las compañías chinas han ganado posiciones en vehículos eléctricos, baterías y software, mientras que los fabricantes europeos todavía asumen el coste de transformar negocios construidos alrededor del motor de combustión.
La competencia china ya no se basa solo en el precio. También incluye tecnología, rapidez para lanzar productos y cadenas de suministro integradas.
El peligro para Alemania es que su tradicional fórmula exportadora se debilite más rápido de lo que puedan aparecer nuevas fuentes de crecimiento. Eso no significa que todos los problemas de la industria alemana puedan atribuirse a China. Las empresas europeas también afrontan costes energéticos elevados, permisos lentos, mercados de capitales fragmentados, falta de profesionales y una digitalización desigual. La competencia china está dejando al descubierto esas debilidades, pero no las ha creado todas.
La UE no ha adoptado una única política integral hacia China. En su lugar, ha reunido un arsenal de instrumentos de defensa comercial aplicados caso por caso.
La UE impuso derechos compensatorios adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en China tras una investigación sobre las subvenciones recibidas por sus productores. Estas cargas se aplican además del arancel ordinario europeo para automóviles y pretenden compensar una ventaja derivada de ayudas públicas, no prohibir por completo las importaciones de vehículos chinos. A finales de 2025, algunos de esos derechos alcanzaban el 35,3 %.
El acero está cubierto por medidas de salvaguardia europeas, incluidos contingentes arancelarios, además de investigaciones y derechos antidumping y antisubvenciones. A finales de 2025, la UE tenía 172 medidas antidumping y antisubvenciones en vigor frente a distintos socios comerciales; algo más de tres cuartas partes estaban dirigidas contra empresas chinas, según Reuters.
Estos mecanismos pretenden distinguir entre importaciones que compiten normalmente y aquellas que causan perjuicio mediante dumping, subvenciones o aumentos repentinos de las ventas. En la práctica, su aplicación producto por producto puede ser más lenta que las presiones industriales que intenta contener.
En junio de 2025, la Comisión Europea utilizó por primera vez el Instrumento de Contratación Pública Internacional para restringir la participación de operadores chinos y de dispositivos médicos de origen chino en contratos públicos europeos cubiertos por un valor de al menos 5 millones de euros durante cinco años.
No se trata de un arancel convencional a la importación. La lógica declarada es la reciprocidad: la UE actuó después de concluir que los proveedores europeos no disfrutaban de un acceso comparable al mercado chino de contratación pública.
Los responsables europeos se preguntan si el sistema actual es demasiado lento y limitado para afrontar un desafío industrial estructural. Entre las propuestas que se barajan figuran:
Algunos dirigentes también han planteado una herramienta comparable a la Sección 301 de Estados Unidos. Su atractivo es la rapidez: un instrumento más amplio permitiría responder a prácticas sistémicas sin iniciar una investigación larga y separada para cada producto afectado.
Los obstáculos son importantes. Los Estados miembros tienen intereses comerciales diferentes, las empresas europeas siguen dependiendo de China tanto como mercado como proveedor, y unas restricciones más duras podrían provocar represalias. Además, cualquier nuevo instrumento tendría que encajar en la legislación europea y en los compromisos comerciales de la UE.
Por eso, la dirección más probable no es un giro inmediato hacia el proteccionismo generalizado. Es una versión más condicionada de la apertura: acceso al mercado cuando existe reciprocidad y medidas defensivas cuando los subsidios, las dependencias o las barreras de acceso se consideran relevantes.
La discusión central es si la fortaleza exportadora de China refleja principalmente un apoyo estatal injusto o una competitividad industrial auténtica.
Los gobiernos europeos señalan la financiación preferente, el acceso al suelo y a la energía, el tratamiento fiscal, la contratación pública y las cadenas de suministro vinculadas al Estado. Su preocupación es que ese apoyo mantenga un exceso de capacidad y permita exportar a precios que las empresas europeas no pueden igualar mientras afrontan costes determinados por el mercado.
China responde que sus empresas compiten gracias a la escala, la innovación, la integración de proveedores y una ejecución más rápida. Desde esa perspectiva, las restricciones europeas serían proteccionismo destinado a proteger a compañías establecidas que han perdido dinamismo.
Las dos explicaciones pueden contener parte de la verdad. Las subvenciones pueden distorsionar la capacidad productiva y los precios, pero las empresas europeas también pueden haber perdido competitividad por sus propios costes internos y por los retrasos regulatorios.
El dilema es complejo:
La respuesta más sólida combinaría una defensa comercial selectiva con energía limpia más barata, permisos más rápidos, mercados de capitales más profundos, mayor financiación para la innovación y una demanda más fuerte de tecnologías limpias europeas.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE, conocido como CBAM, entró en su fase definitiva en enero de 2026. Abarca importaciones intensivas en carbono, como hierro, acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y electricidad. Los importadores deben contabilizar las emisiones incorporadas y adquirir certificados de emisiones.
El objetivo europeo es evitar la «fuga de carbono». Si los productores europeos pagan un precio por sus emisiones mientras los bienes importados no afrontan un coste similar, la producción podría trasladarse al extranjero o las importaciones obtener una ventaja artificial. El CBAM intenta acercar el coste climático de los productos importados al que soportan los fabricantes de la UE.
Los países del grupo BRICS ven la medida de otra manera. En una reunión celebrada en Nueva Delhi en agosto de 2026, sus ministros de Medio Ambiente calificaron las medidas similares al CBAM de «unilaterales, punitivas, discriminatorias y proteccionistas». También sostuvieron que estas políticas pueden cargar de forma desproporcionada sobre las exportaciones de los países en desarrollo y vincularon sus críticas a la exigencia de una mayor financiación para la adaptación climática.
El desacuerdo no es solo una cuestión de lenguaje. Aunque el mecanismo se base formalmente en las emisiones y no en la nacionalidad del producto, puede afectar más a los exportadores que utilizan procesos intensivos en carbono, disponen de menos datos verificables sobre sus emisiones o tienen un acceso limitado a financiación para descarbonizarse.
Para muchas economías en desarrollo, el temor es que la regulación climática se convierta en una condición de acceso a mercados diseñada por los países más ricos.
Europa intenta alcanzar cuatro objetivos que tiran en direcciones distintas: proteger su capacidad industrial, conservar los beneficios del comercio abierto, mantener una política climática creíble y evitar una confrontación más amplia con China, las economías BRICS y Estados Unidos.
La solución más duradera probablemente no será ni la apertura sin condiciones ni los aranceles indiscriminados. La UE necesita medidas comerciales basadas en pruebas cuando pueda demostrar que la competencia está distorsionada, junto con una estrategia interna que haga que la producción europea sea más productiva, innovadora y asequible.
El auge exportador chino ha puesto en evidencia el coste de las antiguas premisas europeas. La pregunta ya no es si la UE debe seguir abierta, sino si puede hacerlo sin permitir que se erosione su capacidad industrial estratégica y si puede defenderla sin renunciar a la competencia y la inversión necesarias para reconstruirla.