Rusia está revisando de facto su plan fiscal de 2026 bajo el peso de un gasto vinculado a la guerra mucho mayor de lo previsto. El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, ha dicho que el déficit federal se mantendrá dentro del 3% del PIB, casi el doble de la meta del 1,6% fijada en la ley presupuestaria. Los datos de los primeros ocho meses muestran hasta qué punto el plan original ha quedado superado.
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El déficit ya rebasa la meta anual original
Entre enero y agosto de 2026, Rusia acumuló un déficit federal de 5,8 billones de rublos, equivalente al 2,5% del PIB. La cifra ya excedía el objetivo para todo el año: 3,8 billones de rublos, o el 1,6% del PIB. En ese período, el gasto federal subió un 14,7% interanual, frente a un aumento del 9,2% en los ingresos.
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Agosto, por sí solo, cerró con un superávit de 660.000 millones de rublos, el mayor saldo mensual positivo en un año. El principal factor fueron dividendos abonados por grandes bancos y empresas estatales sobre beneficios del ejercicio anterior; esos pagos aportaron 691.000 millones de rublos al presupuesto, según Bloomberg. Fue un refuerzo de caja relevante, pero extraordinario: no elimina el déficit acumulado durante el año.
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Ya en julio, los datos del portal presupuestario del Gobierno apuntaban a que el gasto de 2026 podría superar lo previsto mientras los ingresos se mantenían sin cambios, ampliando el déficit planificado en más de un billón de rublos.
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El gasto militar absorbe una parte creciente del presupuesto
Un análisis de datos del Ministerio de Finanzas realizado por el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad situó el gasto militar ruso del primer semestre de 2026 en 10,7 billones de rublos, un 30% más que en el mismo período de 2025. El importe equivale al 4,7% del PIB previsto para todo el año y al 10,5% del PIB generado durante el primer semestre.
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Como referencia, el presupuesto de 2026 contemplaba 14,9 billones de rublos en gasto militar, el 6,3% del PIB. Por tanto, en solo seis meses se ejecutó aproximadamente el 72% de esa previsión anual.
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La comparación con antes de la invasión a gran escala de Ucrania también da una medida del cambio: el gasto militar del primer semestre fue más de cinco veces superior al de 2021.
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Estas cifras no determinan por sí solas el total militar definitivo de 2026. Sí ayudan a explicar la presión sobre las partidas civiles. Cuando las necesidades de defensa y seguridad crecen más rápido de lo anticipado, aplazar desembolsos discrecionales o no esenciales permite reservar recursos inmediatos para esos fines. En agosto se informó de que organismos estatales habían recibido instrucciones de posponer gastos no esenciales ante la escasez de financiación y el aumento del déficit.
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Cómo planea Moscú cubrir la brecha
Siluánov ha reconocido que surgieron necesidades adicionales de financiación durante la ejecución presupuestaria y ha asegurado que se encontrarán nuevas fuentes para cubrirlas. Entre las medidas comunicadas figuran el uso de saldos acumulados en cuentas públicas y la emisión de deuda en el mercado interno.
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La política tributaria es otra pieza de la respuesta. Rusia elevó impuestos en 2026 para contener el déficit mientras financia las operaciones militares, incluida la subida del IVA al 22% desde el inicio del año.
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Además, el Ministerio de Finanzas prepara cambios legales para contemplar fiscalmente el gasto empresarial destinado a proteger instalaciones y reparar daños causados por ataques con drones. La iniciativa refleja que el coste económico de la guerra no se limita a las partidas militares directas: la protección y reconstrucción de activos dentro de Rusia también se están convirtiendo en una cuestión presupuestaria y tributaria.
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El gasto civil se convierte en la variable de ajuste
Posponer programas civiles no elimina las obligaciones del Estado; cambia el momento en que se desembolsan los fondos. Sin embargo, da al Kremlin margen para dirigir recursos de corto plazo a defensa, seguridad y otras necesidades relacionadas con la guerra mientras incrementa la recaudación y recurre a deuda.
La presión también se extiende más allá del presupuesto ordinario. A finales de agosto, Vladímir Putin firmó un decreto que permite transferir infraestructura crítica a gestión externa si sus propietarios no la protegen adecuadamente, incluso frente a ataques con drones. Un análisis de Carnegie señala que el mecanismo también puede abrir una vía para redistribuir activos.
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El aplazamiento de gasto civil, los impuestos más altos, el endeudamiento, los costes de proteger infraestructuras y los cambios tributarios propuestos para reparaciones describen unas finanzas públicas sometidas a demandas simultáneas: financiar la guerra, proteger activos dentro del país, reparar daños y mantener los servicios públicos ordinarios.
La meta de 2027 es menor, pero depende de varios supuestos
Putin ha dicho que el déficit preliminar para 2027 se situaría en torno al 2% del PIB, sobre la base de una hipótesis que calificó de «muy conservadora»: un precio del petróleo de aproximadamente 50 dólares por barril.
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La previsión es inferior al techo del 3% que ahora maneja el Ministerio de Finanzas para 2026, pero sigue siendo una proyección. Su cumplimiento dependerá de los ingresos, de la cotización del petróleo, de las condiciones para endeudarse y, sobre todo, de la evolución del gasto militar y de seguridad.
Putin sostiene que el déficit creciente no plantea un riesgo «crítico» y que puede gestionarse. Hizo esa valoración cuando el déficit de enero a julio había llegado al 2,8% del PIB, ya por encima del objetivo anual original.
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La conclusión es clara: el superávit de agosto ofreció un alivio temporal, pero el déficit acumulado entre enero y agosto y el ritmo del gasto militar explican por qué Rusia ha pasado de planear un déficit del 1,6% del PIB a contemplar un límite del 3%. En ese ajuste, el gasto civil está adquiriendo cada vez más el papel de variable flexible del presupuesto.
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