La demanda de Columbia Británica vincula a OpenAI con el tiroteo escolar de Tumbler Ridge por una supuesta falta de intervención. La provincia afirma que OpenAI detectó señales de alarma en la actividad del atacante en ChatGPT, suspendió una cuenta, pero no avisó a la Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés). El caso se presentó el 21 de septiembre ante un tribunal federal de San Francisco y nombra como demandados a OpenAI y a su consejero delegado, Sam Altman. El litigio sigue abierto: las alegaciones de la provincia aún no son hechos establecidos por un tribunal.
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Qué ocurrió en Tumbler Ridge
El 10 de febrero, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, mató a ocho personas —seis menores y dos adultos— en Tumbler Ridge, Columbia Británica, y después murió por un disparo autoinfligido, según las informaciones sobre la demanda provincial.
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El Gobierno de Columbia Británica sostiene que el ataque es relevante para evaluar el diseño del producto y los protocolos de aviso de OpenAI porque el atacante habría usado ChatGPT antes de la violencia. La tesis de la provincia no es solo que ChatGPT estuviera presente en el contexto, sino que OpenAI disponía de información lo bastante seria como para actuar más allá de cerrar una cuenta.
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La acusación central de Columbia Británica
La provincia acusa a OpenAI de diseñar y distribuir negligentemente un producto inseguro y de no avisar a las autoridades sobre amenazas realizadas a través de ChatGPT antes del tiroteo. Según Columbia Británica, una advertencia podría haber llegado a la policía local y haber evitado el ataque. Reclama una indemnización por los gastos públicos ya asumidos y futuros, además de una orden judicial que obligue a cambiar la forma en que OpenAI identifica y gestiona conversaciones de ChatGPT que puedan desembocar en violencia.
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Ese escenario hipotético —qué habría sabido la policía, qué medidas habría podido tomar y si una intervención habría impedido el ataque— es una cuestión central del proceso. Tendrá que analizarse mediante pruebas y argumentos jurídicos; no puede darse por demostrada únicamente porque la cuenta fuera marcada.
La revisión de la cuenta en junio de 2025
OpenAI ha reconocido que identificó en junio de 2025 una cuenta asociada a Van Rootselaar mediante sus sistemas de detección de abusos y aplicación de normas, que incluyen esfuerzos para detectar usos de los modelos orientados a facilitar la violencia. La empresa bloqueó la cuenta.
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La compañía afirma que no informó a las autoridades porque la información disponible entonces no revelaba un plan creíble e inminente de causar daños físicos graves, el umbral que empleaba para derivar un caso a las fuerzas de seguridad.
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La demanda cuestiona que esa respuesta fuera suficiente. Columbia Británica sostiene que una revisión interna y el cierre de la cuenta eran indicios que debían haber llevado a OpenAI a contactar con la RCMP. OpenAI ha dicho desde entonces que, con los protocolos de seguridad implantados después de junio de 2025, habría avisado a la policía sobre esa cuenta.
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Por qué importa el historial de conversaciones
El expediente público no contiene todas las conversaciones de ChatGPT. La fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, dijo que OpenAI se negó a entregar a la provincia el historial de chats del atacante. Esto limita la capacidad del público para evaluar de forma independiente el grado de detalle de los intercambios, la decisión interna de la empresa y las posibilidades reales de intervención si se hubiera avisado a la policía.
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La falta de esos datos también exige cautela al describir el caso: las demandas tratan de presuntos fallos de diseño, detección, escalada y prevención, no de conclusiones probadas sobre qué dijo exactamente el chatbot o qué causó.
Demandas relacionadas y el problema de eludir la suspensión
Familiares de las víctimas, supervivientes, estudiantes y docentes han presentado acciones relacionadas en California. OpenAI ha pedido que se desestimen más de tres decenas de casos y ha argumentado, entre otros puntos, que las reclamaciones por muertes y lesiones ocurridas en Columbia Británica deberían litigarse allí, y no en California.
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Otras reclamaciones plantean si un bloqueo de cuenta, por sí solo, es una medida de seguridad eficaz. OpenAI ha dicho que el atacante creó una segunda cuenta tras la suspensión de junio de 2025 y que no tuvo conocimiento de ella hasta después del tiroteo. La compañía ha señalado que está dificultando que usuarios bloqueados regresen al servicio.
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La posición de OpenAI y de Sam Altman
OpenAI ha expresado su pesar por el ataque, ha dicho que mantiene una política de tolerancia cero frente al uso de sus herramientas para facilitar la violencia y ha asegurado que reforzó sus salvaguardas. Las informaciones sobre los litigios posteriores también recogieron una disculpa de Altman.
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Su posición jurídica y factual es más limitada: sostiene que bloquear la cuenta en junio de 2025 fue una respuesta adecuada con la información de la que disponía y que la actividad no alcanzaba el estándar vigente entonces para denunciar a las autoridades una amenaza inminente y creíble.
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Qué pide la provincia
Columbia Británica reclama daños vinculados a la respuesta de emergencia y a la recuperación de la comunidad, incluidos costes asociados a la sustitución de la escuela, junto con cambios en las prácticas de OpenAI ante posibles usos violentos de ChatGPT.
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La demanda plantea así una cuestión más amplia para las empresas de inteligencia artificial: cuando una plataforma detecta actividad violenta, pero no tiene certeza de que un ataque sea inminente, ¿qué deber de informar a las autoridades, si alguno, tiene? El tribunal todavía no ha respondido a esa cuestión en este caso.