OSRA, OCHA e IMDA: cómo Singapur regula la seguridad en internet

La regulación singapurense de la seguridad en internet se entiende mejor como un conjunto de herramientas que se superponen, no como una única ley universal de retirada de contenidos. Las víctimas pueden solicitar medidas específicas a través de la Comisión de Seguridad en Internet (OSC); las autoridades pueden limitar actividades digitales vinculadas con delitos; y la Autoridad de Desarrollo de los Medios de Infocomunicación (IMDA) puede imponer obligaciones preventivas u ordenar que se bloquee el acceso a contenidos especialmente graves.

En la práctica, el sistema opera en tres niveles: reparación individual, interrupción de delitos y gestión de riesgos por parte de las plataformas.

1. OSRA ofrece a las víctimas una vía directa y urgente

La Ley de Seguridad en Internet, Reparación y Responsabilidad de 2025 —conocida como OSRA u OSRAA— creó la OSC como un canal especializado para las personas afectadas por determinadas formas de daño en internet. La Comisión comenzó a operar el 29 de junio de 2026, fecha en la que también entraron en vigor disposiciones concretas sobre acciones civiles previstas por la ley.

En su primera etapa, la OSC se ocupa de cinco categorías:

• acoso en internet, incluido el acoso sexual;
• abuso de imágenes íntimas;
• abuso infantil basado en imágenes;
• doxing, es decir, la difusión de datos personales sin autorización; y
• acoso persistente en internet.

Después de recibir una denuncia, el comisionado puede ordenar a la persona que publicó el material, al administrador del grupo o página correspondiente, o a la plataforma que detenga o limite el daño. Entre las posibles medidas están deshabilitar el acceso al contenido dañino o restringir la cuenta del responsable. Incumplir una orden de la OSC constituye un delito.

Las medidas también pueden alcanzar a otros intermediarios de la cadena de distribución. Según el caso, una orden puede dirigirse a un proveedor de acceso a internet o a un servicio de distribución de aplicaciones. Así, las víctimas cuentan con una alternativa al proceso ordinario de denuncia de cada plataforma, sin que ello impida acudir a otras vías legales cuando corresponda.

OSRA también incorpora mecanismos de rendición de cuentas. Los materiales legislativos citados prevén procedimientos que pueden ayudar a una víctima a obtener información para identificar al presunto responsable, siempre que se cumplan los requisitos de la ley.

2. OCHA busca frenar la actividad digital que facilita delitos

La Ley de Delitos Criminales en Internet (OCHA) cumple una función diferente. No es principalmente un recurso iniciado por una víctima para cualquier publicación dañina: permite que agentes designados intervengan cuando una actividad en internet está vinculada con una conducta delictiva concreta o sirve para prepararla.

La ley permite dictar órdenes contra proveedores de servicios digitales, otras entidades o particulares cuando existe una sospecha razonable de que una actividad en internet contribuye a cometer un delito incluido en la norma. El marco cubre delitos relacionados, entre otros ámbitos, con la seguridad nacional, la armonía social y la seguridad de las personas.

OCHA establece además un umbral más bajo para estafas y actividades cibernéticas maliciosas, debido a la rapidez y la escala con que pueden propagarse. Las órdenes pueden limitar la exposición de los usuarios a una actividad delictiva, exigir información, restringir cuentas o deshabilitar el acceso a material digital. La ley también contempla mecanismos para bloquear accesos y retirar aplicaciones.

Por eso, OCHA resulta especialmente adecuada para desarticular una operación digital —por ejemplo, una red de estafas, una página delictiva o contenido utilizado para facilitar un delito—, en lugar de resolver una disputa privada entre dos personas.

3. IMDA puede actuar contra contenidos especialmente graves

Las reformas de la Ley de Radiodifusión otorgan a la IMDA una función independiente de retirada y bloqueo de contenidos. La autoridad puede ordenar a los servicios de redes sociales que deshabiliten para los usuarios de Singapur el acceso a “contenidos especialmente graves”, entre ellos material que promueva o instruya sobre suicidio o autolesiones, violencia física o sexual y terrorismo, además de material de explotación sexual infantil. El marco también incluye contenidos que supongan riesgos para la salud pública o que puedan provocar discordia racial o religiosa.

Si un servicio no cumple, la IMDA puede ordenar a los proveedores de acceso a internet que bloqueen el acceso desde Singapur. La autoridad ya ha utilizado esta estructura frente a material de explotación sexual infantil: ordenó a un servicio revisar y retirar una página y un grupo de Facebook, y a los proveedores de internet bloquear un sitio web vinculado.

El incumplimiento de una orden de bloqueo puede acarrear una multa de hasta 20.000 dólares singapurenses por cada día o parte de un día, con un máximo de 500.000 dólares singapurenses, según la disposición legislativa citada.

La diferencia práctica es importante: las órdenes de la OSC responden a daños denunciados y centrados en una víctima, mientras que las facultades de la IMDA bajo la Ley de Radiodifusión se dirigen a contenidos considerados lo bastante graves como para justificar una intervención regulatoria en protección del público.

4. El código de 2023 convierte la seguridad en una obligación del sistema

El Código de Prácticas para la Seguridad en Internet —Servicios de Redes Sociales— entró en vigor en 2023 para los servicios designados. En lugar de centrarse únicamente en retirar publicaciones concretas, exige medidas a escala del sistema para reducir la exposición de los usuarios a contenidos dañinos, mecanismos de denuncia eficaces y fáciles de usar, y mayor transparencia y responsabilidad.

La protección infantil ocupa un lugar central. Los servicios designados deben adoptar medidas proactivas para detectar y retirar rápidamente material de explotación sexual infantil y contenido terrorista antes de que los usuarios lleguen a verlo.

El código también obliga a los servicios designados a presentar informes anuales sobre seguridad en internet para su publicación. Estos documentos ofrecen a la IMDA y al público información sobre la moderación, los mecanismos de denuncia y las medidas de seguridad de cada servicio. De este modo, las salvaguardas de las plataformas quedan más expuestas al escrutinio que si solo se evaluaran a través de decisiones individuales de retirada.

5. El código de 2025 extiende la protección a las tiendas de aplicaciones

El Código de Prácticas para la Seguridad en Internet —Servicios de Distribución de Aplicaciones— entró en vigor el 31 de marzo de 2025. Con él, el enfoque preventivo de Singapur dejó de limitarse a las redes sociales y alcanzó también a las tiendas de aplicaciones designadas.

El código exige medidas sistémicas para reducir el riesgo de que los usuarios se expongan a contenidos dañinos a través de las aplicaciones, con especial atención a los menores. Su marco incluye salvaguardas relacionadas con las clasificaciones por edad, la seguridad infantil, los controles parentales, los canales de denuncia y la verificación de edad.

Esto crea un modelo de protección infantil en dos etapas:

1. las tiendas de aplicaciones ayudan a determinar qué pueden descubrir o descargar los usuarios, especialmente los menores; y
2. las redes sociales gestionan los contenidos dañinos y las interacciones una vez que las personas están dentro de la plataforma.

La distinción importa porque una experiencia digital insegura puede comenzar antes de que el usuario abra una cuenta o se encuentre con una publicación concreta.

Cómo encajan todas las piezas

La forma más clara de identificar la vía relevante es empezar por el daño y por el resultado que se necesita:

• ¿Se necesita retirar contenido con urgencia o restringir una cuenta después de sufrir un daño personal en internet? La OSC está diseñada para categorías concretas como acoso, doxing, acoso persistente y abuso basado en imágenes.
• ¿Una cuenta, un sitio web o un servicio está ayudando a cometer un delito? OCHA permite a agentes designados dictar órdenes para limitar la exposición, deshabilitar contenidos o restringir cuentas y servicios.
• ¿El material entra en las categorías de contenido especialmente grave de la IMDA? La autoridad puede ordenar a los servicios que deshabiliten el acceso y, si es necesario, ordenar a los proveedores de internet que bloqueen el acceso desde Singapur.
• ¿La preocupación es la seguridad general de una plataforma? Los códigos para redes sociales y tiendas de aplicaciones imponen expectativas preventivas, de denuncia, transparencia y protección infantil a los servicios designados.

Estos mecanismos pueden funcionar en paralelo. Una víctima de abuso de imágenes íntimas, por ejemplo, podría solicitar a la OSC una orden para detener el daño continuado, denunciar ante las autoridades una conducta potencialmente delictiva y utilizar el canal de denuncias de la plataforma. A su vez, las facultades regulatorias de la IMDA podrían entrar en juego si el material pertenece a su marco de contenidos especialmente graves o si un servicio designado incumple sus obligaciones generales de seguridad en internet.

El cambio central es que la responsabilidad ya no recae únicamente en las víctimas, que antes debían denunciar el contenido después de su difusión. El marco de Singapur combina ahora vías más rápidas de reparación individual con poderes públicos para desarticular actividades dañinas y obligaciones preventivas para las plataformas, diseñadas para reducir riesgos previsibles antes de que se propaguen.