La herramienta legal clave fue la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la agencia del Departamento del Tesoro encargada de aplicar sanciones económicas internacionales.
El 24 de abril de 2026, OFAC actualizó las sanciones relacionadas con el Banco Central de Irán y añadió direcciones de criptomonedas a su lista de Specially Designated Nationals (SDN).
Cuando una entidad o dirección aparece en esta lista, personas y empresas sujetas a la jurisdicción estadounidense deben tratar sus activos como propiedad bloqueada, lo que implica que no pueden procesar ni facilitar transacciones relacionadas con ellos.
OFAC también establece que las direcciones de criptomonedas pueden figurar como identificadores dentro de las sanciones, obligando a exchanges, emisores de tokens y otras plataformas a bloquear operaciones vinculadas a esas direcciones.
La congelación técnica del dinero fue realizada por Tether, la empresa que emite la stablecoin USDT, una de las criptomonedas más utilizadas para transferencias rápidas entre plataformas.
El 23 de abril de 2026, Tether confirmó que congeló más de 344 millones de dólares en USDT en dos direcciones de la blockchain Tron tras recibir información de autoridades estadounidenses sobre actividades vinculadas a conductas ilícitas.
Debido a que USDT es una stablecoin centralizada, el emisor tiene la capacidad de incluir direcciones en listas negras directamente en el contrato del token. Cuando esto ocurre, los fondos siguen siendo visibles en la blockchain, pero no pueden moverse ni canjearse, lo que en la práctica los deja inutilizados.
Las dos billeteras congeladas contenían aproximadamente 213 millones y 131 millones de dólares en USDT, convirtiendo la acción en uno de los mayores bloqueos de stablecoins registrados hasta ahora.
El rastreo técnico fue posible gracias a empresas especializadas en análisis de blockchain.
Investigadores de Chainalysis analizaron patrones de transacciones y vincularon las direcciones sancionadas en Tron con una red más amplia de intermediarios conectados con el Banco Central de Irán y con exchanges iraníes.
El análisis siguió el flujo de fondos a través de brokers, billeteras intermedias y otras infraestructuras on‑chain utilizadas para mover stablecoins entre plataformas. Esta atribución permitió a los reguladores identificar direcciones específicas vinculadas a entidades sancionadas, lo que hizo posible su inclusión en la lista SDN y el posterior bloqueo por parte de Tether.
La operación también ha dirigido la atención hacia grandes exchanges de criptomonedas que podrían haber servido como puntos de liquidez o de tránsito para fondos vinculados a Irán.
Una investigación del Wall Street Journal informó que una red asociada con el financiero iraní Babak Zanjani, quien se ha descrito a sí mismo como un “operador antisanciones”, procesó alrededor de 850 millones de dólares a través de una cuenta en Binance durante dos años.
Según el informe, esa actividad llevó a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) iniciara una investigación para determinar si redes vinculadas a Irán utilizaron la plataforma para evadir sanciones internacionales.
Binance ha rechazado las acusaciones y afirma que el reportaje contiene errores, subrayando que coopera con las autoridades y aplica controles de cumplimiento de sanciones.
El caso ilustra cómo están evolucionando las estrategias de cumplimiento en el mundo cripto. En lugar de intentar tomar control directo de activos en redes descentralizadas, las autoridades suelen actuar en tres niveles:
La Operación Economic Fury muestra cómo este modelo puede aplicarse a gran escala: combinando sanciones legales, análisis forense de blockchain y controles a nivel de emisores, los reguladores lograron inmovilizar cientos de millones de dólares en activos digitales vinculados a redes financieras iraníes.
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