Christian Sewing, presidente de la Asociación de Bancos Alemanes, respaldó el plan de la Comisión, aunque pidió actuar con rapidez en asuntos como el suelo de producción, el tratamiento de la financiación del comercio y las inversiones en software. Slawomir Krupa, consejero delegado de Société Générale y presidente de la Federación Bancaria Europea, describió el paquete como un paso importante para abordar el capital y la liquidez atrapados por las restricciones nacionales.
El llamado ring-fencing —o segregación de recursos— se produce cuando las autoridades nacionales obligan a una filial bancaria a mantener localmente determinado capital o activos líquidos, en vez de permitir que el grupo los utilice allí donde sean más productivos.
La Comisión calcula que relajar estas limitaciones podría poner a disposición unos 230.000 millones de euros en activos líquidos para un uso más eficiente dentro de la UE, sin dejar de proteger a las economías locales y la estabilidad financiera.
La Comunicación de la Comisión fija la dirección política de las propuestas legislativas previstas para el primer trimestre de 2027. Por tanto, no cambia por sí sola todas las normas ni aplica de inmediato cada medida anunciada.
La Comisión quiere racionalizar el marco de capital y eliminar requisitos que se solapan. Una de las propuestas concretas consiste en retirar las exigencias de apalancamiento del llamado Pilar 2 cuando dupliquen el marco de apalancamiento ya existente.
Bruselas también revisará algunos aspectos de la aplicación europea de Basilea III, entre ellos el output floor o suelo de producción. Esta regla limita hasta qué punto los modelos internos de un banco pueden reducir sus activos ponderados por riesgo —y, por tanto, sus necesidades de capital— frente al método estándar. La Comisión ha planteado una revisión o reforma, no necesariamente su eliminación completa.
El paquete pretende eliminar obligaciones de información que se superponen y apuesta por procesos más proporcionales, estandarizados y digitales. La carga anual que suele citarse en este debate asciende a 11.200 millones de euros.
Reducir el papeleo podría abaratar la operativa bancaria. Sin embargo, el resultado dependerá de que la reforma simplifique de verdad la presentación de datos y no se limite a trasladar la burocracia a nuevos sistemas igualmente redundantes.
El término gold-plating describe la práctica de las autoridades nacionales de añadir requisitos o restricciones por encima del mínimo común europeo. La Comisión quiere reducir esas diferencias para que el código normativo único funcione realmente como un solo régimen, y no como 27 variantes nacionales.
Bruselas propone que los grupos bancarios transfronterizos puedan utilizar con mayor libertad el exceso de capital y liquidez en distintos países del bloque. El objetivo es dirigir esos recursos hacia el crédito, la inversión y otros usos productivos, manteniendo al mismo tiempo salvaguardas para los depositantes y los sistemas nacionales de resolución bancaria.
El paquete plantea además retrasar la aplicación de la revisión fundamental de la cartera de negociación, conocida como FRTB por sus siglas en inglés. Se trata del marco de Basilea para calcular el riesgo de mercado. La idea es evitar que Europa avance por delante de otras grandes jurisdicciones mientras estas también reconsideran sus propias normas.
En conjunto, las medidas buscan eliminar duplicaciones específicas de la UE y barreras internas. No equivalen a suspender de forma general la regulación prudencial.
La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos —FDIC— y la Oficina del Contralor de la Moneda —OCC— han propuesto una modernización más amplia de las reglas de capital bancario en Estados Unidos. Sus planes revisarían las ponderaciones de riesgo, simplificarían partes del marco de Basilea, ajustarían los requisitos de apalancamiento y recalibrarían el recargo aplicado a los bancos de importancia sistémica mundial. Las agencias sostienen que los cambios alinearían mejor el capital con el riesgo y preservarían la seguridad y solidez del sistema.
Las estimaciones asociadas a las propuestas estadounidenses incluyen un alivio de 87.700 millones de dólares en capital ordinario de máxima calidad —CET1— para el conjunto del sistema y una capacidad adicional de activos de aproximadamente 2,5 billones de dólares. Son cálculos basados en modelos, no pagos en efectivo a los bancos ni una garantía de que esa capacidad se convierta automáticamente en nuevos préstamos. El resultado dependerá del texto definitivo y de las decisiones de cada entidad.
Por su parte, la OCC calcula una reducción agregada del 6,9 % en los requisitos mínimos de capital vinculantes bajo el método estándar propuesto para los bancos que supervisa. Para las entidades más grandes, estima una reducción del 3,4 % bajo el enfoque ampliado basado en riesgo.
La comparación tiene un gran peso político para los ejecutivos europeos. Los bancos estadounidenses ya cuentan con un mercado interno más integrado y una mayor escala. Si sus restricciones de capital se relajan mientras las entidades europeas siguen divididas por barreras nacionales y procesos más pesados, los prestamistas del continente temen perder terreno en el crédito, la banca de inversión y la financiación de sectores estratégicos.
Pero estas cifras no demuestran que unos requisitos de capital más bajos sean automáticamente seguros ni que cada euro o dólar liberado termine financiando actividades productivas. Describen una capacidad potencial, no un resultado económico garantizado.
La principal objeción no se dirige contra toda simplificación. El Banco Central Europeo apoya una unión bancaria más integrada y ha defendido que el capital y la liquidez circulen con mayor libertad dentro de los grupos transfronterizos. También ha pedido que la zona euro funcione más como una jurisdicción única.
La preocupación es que una mayor libertad de movimiento exige instituciones comunes más sólidas. Las autoridades nacionales necesitan confiar en que la supervisión, la resolución bancaria y la protección de los depositantes funcionarán de manera coordinada si una entidad quiebra. Sin esa confianza, los países pueden reaccionar a la reforma manteniendo o incluso reforzando sus protecciones locales, en lugar de desmantelarlas.
El suelo de producción es el principal punto de fricción. El Eurosistema considera que esta regla y los requisitos basados en el apalancamiento se complementan y son elementos esenciales del marco prudencial. Su función es limitar el riesgo de que los modelos internos subestimen la exposición de un banco y generen exigencias de capital demasiado bajas.
Estados Unidos se ha alejado de la aplicación del suelo de producción en la forma que los reguladores europeos están revisando, lo que aumenta la presión sobre Bruselas para reconsiderar su enfoque.
Neil Esho, antiguo secretario general del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, advirtió de que abandonar la norma sería «un desastre» y «un paso demasiado lejos». Su temor es que una retirada selectiva de las salvaguardas acordadas internacionalmente desencadene una competencia basada en estándares más débiles, en vez de en una mejor medición del riesgo.
Si Estados Unidos, la UE y otras grandes jurisdicciones aplican de forma distinta las normas de Basilea, los ratios de capital dejarán de ser tan comparables. Para inversores y supervisores será más difícil determinar si los bancos son realmente resistentes o si simplemente operan con supuestos más laxos.
La Autoridad Bancaria Europea también sostiene que el marco actual ha reforzado la resiliencia, la protección de los depositantes y una base prudencial común entre los Estados miembros. Por eso el debate no se reduce a «regulación frente a desregulación»: la cuestión es si eliminar duplicaciones genera eficiencia real o si también retira protecciones que los mercados y los depositantes siguen necesitando.
La salida más plausible es una reforma selectiva, no una copia completa del modelo estadounidense. Bruselas puede reducir los informes duplicados, limitar el gold-plating nacional, eliminar recargos de apalancamiento innecesarios y liberar liquidez retenida dentro de los grupos, al tiempo que mantiene colchones creíbles de capital, apalancamiento y liquidez.
La parte más difícil es institucional. La banca transfronteriza funciona mejor cuando el capital puede circular libremente, pero eso requiere confianza en la supervisión común, la resolución bancaria y la protección de depósitos. Mientras esas bases sigan incompletas, será difícil eliminar por completo las barreras nacionales.
El problema de competitividad de Europa es real, pero igualar a Estados Unidos no implica necesariamente reproducir cada una de sus desregulaciones. La prueba decisiva del paquete de julio será si ayuda a los bancos europeos a ganar escala y financiar el crecimiento sin convertir la carrera regulatoria transatlántica en una carrera hacia estándares cada vez más débiles.