A 17 de septiembre de 2026, el acuerdo seguía sin estar cerrado. Se había retrasado su anuncio previsto para esa semana y no había una decisión pública definitiva sobre qué proyectos financiaría Corea del Sur ni bajo qué condiciones. El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, atribuyó la demora a trámites internos; las informaciones publicadas entonces también describían desacuerdos sobre energía nuclear, financiación y riesgos de inversión. Conviene distinguir esos proyectos en negociación de los compromisos ya aprobados.
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La comparecencia aplazada fue la primera señal
El Gobierno pospuso la presentación de sus planes ante una comisión de la Asamblea Nacional, prevista para el 17 de septiembre, y señaló el día 22 como posible nueva fecha. Eso puso en duda la firma y el anuncio que se esperaban aquella semana. El plan sometido a negociación abarcaba 200.000 millones de dólares en inversiones estratégicas dentro de un compromiso total de 350.000 millones; los otros 150.000 millones estaban destinados al sector naval.
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Antes de viajar a Washington para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Cho sostuvo que el retraso buscaba dar mayor certeza a los procedimientos internos, no resolver una discrepancia entre los dos gobiernos. La reunión ofrecía una ocasión para tratar asuntos económicos y de seguridad pendientes, pero el hecho de que estuviera programada no significaba que las inversiones ya se hubieran pactado.
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El Ministerio de Industria surcoreano había advertido, además, que no se había cerrado ningún primer proyecto y que cualquier anuncio requería consultas con Washington y los trámites previstos por la legislación coreana. Por tanto, que una obra apareciera en las informaciones sobre la negociación no la convertía en una inversión autorizada.
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Reactores: una propuesta capaz de absorber gran parte del fondo
Según las informaciones disponibles, las partes habían discutido la construcción de ocho reactores en Estados Unidos: seis del modelo AP1000 de Westinghouse y dos del APR1400 coreano. La posible aportación surcoreana rondaría los 120.000 millones de dólares, una parte considerable del plan de 200.000 millones. Los desacuerdos nucleares se relacionaron con la demora del memorando, pero ni la combinación de reactores ni el gasto constituían un programa de construcción definitivo.
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También se negociaba una posible participación coreana en Westinghouse. La cuestión era si Seúl obtendría influencia en una empresa clave para esos proyectos o si su aportación sería principalmente financiera. Las informaciones señalaban que seguían abiertos el comprador, el tamaño de la participación y la estructura de la operación; una de ellas advertía que una participación inferior al 10 % podría dejar a Corea sin el puesto en el consejo de administración que buscaba. Otra indicaba que la compra podría necesitar financiación adicional, fuera del fondo de 200.000 millones.
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A ello se sumaba una propuesta estadounidense, descrita en un informe del 16 de septiembre, para que Corea invirtiera en el tratamiento mediante piroprocesamiento de unas 4.000 toneladas de combustible nuclear gastado. Sin una cifra de inversión ni una rentabilidad comercial establecidas, no estaba claro cómo encajaría ese proyecto en el límite del plan.
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No bastaba con acordar cuánto invertir
Las negociaciones también abordaban cuándo se transferirían los fondos. El Gobierno surcoreano mantenía que el memorando de inversiones estratégicas tendría un límite de 200.000 millones de dólares y que las remesas anuales no superarían los 20.000 millones. Adelantar dinero antes de fijar los proyectos y las protecciones financieras podía aumentar la exposición de Seúl; eso no significa, por sí solo, que cada dólar enviado saliera de sus reservas oficiales de divisas.
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La central eléctrica de gas propuesta para Encinal, Texas, ilustraba el problema de la rentabilidad. Las informaciones situaban su coste por encima de los 20.000 millones de dólares y describían revisiones al alza del presupuesto, mientras seguían negociándose la aportación coreana, su participación accionarial y el reparto de beneficios. Para una planta concebida para abastecer a centros de datos y otros grandes consumidores, conseguir compradores y condiciones de ingresos fiables era esencial: organizar contratos eléctricos a largo plazo no equivaldría a garantizar sus pagos. También se estudiaba un proyecto de gas natural licuado en Alaska, con interrogantes sobre costes, retornos y posibles sobrecostes.
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La diferencia decisiva: cómo contar ganancias y pérdidas
Otro punto en discusión era si las inversiones se contabilizarían como una cartera conjunta o proyecto por proyecto. Con una cartera conjunta, las ganancias de las operaciones rentables podrían compensar pérdidas de otras antes de calcular la recuperación global. Con cuentas separadas, un proyecto rentable podría liquidarse mientras Corea aún tuviera capital sin recuperar en otros. La elección afectaría a la capacidad de Seúl para repartir el riesgo y al momento en que empezaría cualquier participación preferente estadounidense en los beneficios. Ninguno de los dos métodos garantizaría recuperar el dinero si, en conjunto, los proyectos no generasen ingresos suficientes.
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Así, el aplazamiento admitía dos lecturas que no deben confundirse: Cho habló públicamente de procedimientos internos, mientras que diversas informaciones describían condiciones sustanciales todavía bajo negociación. A 17 de septiembre, ni el anuncio ni la lista de proyectos y sus riesgos podían darse por definitivos.
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