Una aplicación más rápida de la Ley de Mercados Digitales no supondría crear una norma nueva para España. La DMA es el Reglamento (UE) 2022/1925, concebido para hacer más disputables y equitativos los mercados digitales ^[11]. La aceleración consistiría, sobre todo, en comprobar antes si los grandes “guardianes de acceso” cumplen de verdad sus obligaciones y en corregir antes los cambios de producto que no abran realmente el mercado.

La Comisión Europea define esos guardianes como grandes plataformas que prestan servicios básicos —por ejemplo, buscadores, tiendas de aplicaciones o mensajería— y que deben respetar obligaciones y prohibiciones específicas ^[17]. Desde el 7 de marzo de 2024, los guardianes designados deben cumplir todas las obligaciones de la DMA; la Comisión también señala que la norma cubre diez servicios básicos de plataforma, incluidos buscadores, marketplaces, tiendas de apps, publicidad online y mensajería, y que reconoce nuevos derechos a empresas europeas y usuarios finales ^[18].

Lo que cambiaría de verdad: de la norma al cumplimiento efectivo

La pregunta central no es si la DMA existe, sino si se aplica con suficiente rapidez y profundidad. La Comisión exige a los guardianes demostrar su cumplimiento efectivo y explicar las medidas adoptadas en informes de cumplimiento ^[18]. Para España, eso significa que el impacto se mediría en productos concretos: cómo se muestran las opciones, qué condiciones tienen las empresas usuarias, cómo funcionan los rankings, qué datos se pueden usar y si las alternativas a los servicios dominantes son realmente viables.

La lógica de la DMA importa porque muchas plataformas no son solo servicios finales para consumidores: también funcionan como puertas de entrada entre empresas y usuarios. El Parlamento Europeo describe a los guardianes como plataformas con papel sistémico que pueden actuar como cuellos de botella entre empresas y consumidores en servicios digitales cruciales ^[24]. Ahí es donde una aplicación más rápida tendría consecuencias prácticas en España.

Consumidores: más elección, con más decisiones por delante

Para los consumidores españoles, el beneficio más directo sería ver antes opciones reales en servicios digitales cotidianos. La DMA busca hacer los mercados digitales de la UE más disputables y justos, y concede nuevos derechos a usuarios finales y empresas usuarias ^[18]. Si el cumplimiento se acelera, esos derechos deberían traducirse antes en más capacidad de elección en entornos como buscadores, tiendas de apps, mensajería, marketplaces o publicidad online ^[17][18].

El matiz está en la experiencia de uso. Esade advierte que la DMA exige que las plataformas permitan a los usuarios decidir si sus datos se procesan y que ofrezcan una alternativa menos personalizada; su aplicación podría alterar significativamente el mercado de la publicidad dirigida y provocar transferencias de ingresos entre empresas ^[1]. En la práctica, el usuario podría encontrarse con más decisiones explícitas sobre datos y personalización. Eso puede ser positivo si las opciones son claras, pero también puede añadir fricción si las plataformas las presentan de forma confusa.

Medios españoles: menos dependencia potencial, pero sin garantía de más ingresos

La DMA no es una ley de medios. Su impacto en los editores españoles llegaría por las plataformas que median entre contenidos, audiencias y publicidad: buscadores, redes sociales, marketplaces de atención y sistemas de publicidad online. La norma actúa sobre servicios básicos de plataforma y sobre guardianes que pueden controlar partes enteras del entorno digital ^[18][24].

Una aplicación más rápida podría beneficiar a los medios si reduce cuellos de botella en distribución, visibilidad o monetización. Pero conviene no convertir esa posibilidad en una promesa. No hay base suficiente para afirmar que todos los medios recibirían más tráfico o más ingresos. El resultado podría ser una redistribución: algunos editores ganarían margen frente a intermediarios dominantes, mientras otros tendrían que adaptarse a cambios en publicidad, datos y medición.

El riesgo más claro está en la publicidad dirigida. Si las reglas sobre consentimiento y alternativas menos personalizadas cambian la forma en que se usan los datos, los ingresos publicitarios digitales pueden moverse entre actores con modelos distintos ^[1]. Para los medios, la oportunidad no estaría solo en depender menos de intermediarios, sino también en fortalecer relaciones directas con sus audiencias.

Startups: más opciones de distribución si las puertas se abren de verdad

Las startups españolas serían uno de los grupos con más incentivos para una aplicación rápida de la DMA. Muchas empresas jóvenes necesitan llegar a usuarios a través de tiendas de aplicaciones, buscadores, marketplaces, mensajería, publicidad online u otros servicios controlados por grandes plataformas. La Comisión incluye esos servicios dentro del marco de la DMA cuando son prestados por guardianes designados ^[17][18].

Si los nuevos derechos para empresas usuarias se aplican antes y de forma efectiva, una startup tendría más posibilidades de competir en distribución, descubrimiento de producto, integración y captación de clientes ^[18]. Esto es especialmente relevante cuando una empresa depende de una plataforma que también puede competir con ella o condicionar su acceso a usuarios.

Aun así, la DMA no convierte automáticamente a una startup en ganadora. El efecto dependerá de la calidad del cumplimiento: si los cambios son difíciles de usar, demasiado lentos o meramente formales, el beneficio puede quedarse en el plano jurídico. Además, las startups basadas en publicidad muy segmentada también podrían verse afectadas por los cambios en consentimiento y datos que Esade identifica como un posible factor de alteración del mercado publicitario ^[1].

Turismo: reservas, visibilidad y dependencia de intermediarios

En turismo, el impacto sería especialmente visible allí donde hoteles, agencias, comparadores o empresas de actividades dependen de plataformas de búsqueda, marketplaces, publicidad online y sistemas de reserva. La DMA cubre categorías como buscadores, marketplaces y publicidad online cuando entran dentro de los servicios básicos de plataforma regulados ^[18].

El debate ya toca directamente al sector turístico. SmartTravel presenta la DMA como un marco destinado a promover la competencia y proteger los derechos de los consumidores mediante la regulación de grandes empresas designadas como guardianes de acceso ^[14]. Además, Booking Holdings fue designada guardián de acceso en mayo de 2024, y Booking.com debía cumplir sus obligaciones de la DMA desde el 14 de noviembre de 2024, según eucrim ^[27].

Una aplicación más rápida podría hacer que hoteles y operadores turísticos vieran antes cambios en condiciones de acceso, visibilidad o relación con plataformas de reserva. Pero tampoco aquí hay un resultado automático. El efecto dependerá de cómo rediseñen sus interfaces y reglas los intermediarios, y de si las alternativas resultan útiles para empresas y consumidores.

Los riesgos de acelerar sin medir bien

Acelerar la DMA puede ser positivo si significa vigilar mejor el cumplimiento. Pero acelerar no debería equivaler a aceptar cambios cosméticos. El riesgo es que las plataformas añadan pantallas, opciones o procedimientos que cumplan formalmente la norma sin reducir de manera sustancial su papel como cuello de botella.

El otro riesgo es económico. Los cambios en datos, consentimiento y publicidad personalizada pueden alterar el mercado de la publicidad dirigida y transferir ingresos de unas empresas a otras ^[1]. En España, eso afectaría de forma distinta a medios, startups, comercios y empresas turísticas según su dependencia de publicidad segmentada, tráfico intermediado o relaciones directas con clientes.

Qué debería vigilarse en España

Para saber si una aplicación más rápida funciona, el foco debería estar en la efectividad, no solo en la velocidad. Los informes de cumplimiento de los guardianes son una pieza importante porque deben explicar cómo cumplen las obligaciones de la DMA ^[18]. A partir de ahí, conviene observar cuatro frentes:

• Consumidores: si las opciones sobre datos, consentimiento y servicios alternativos son comprensibles y realmente utilizables ^[1][18].
• Medios: si buscadores, redes sociales y publicidad online reducen su papel de cuello de botella o simplemente reorganizan la dependencia ^[18][24].
• Startups: si los nuevos derechos para empresas usuarias se traducen en acceso práctico a distribución, descubrimiento y clientes ^[18].
• Turismo: si plataformas de búsqueda y reserva, incluido Booking.com en el ámbito cubierto por la DMA, ofrecen condiciones que permitan más competencia real ^[27].

Balance

Para España, una aplicación más rápida de la DMA sería positiva si adelanta cambios reales: más elección para consumidores, más margen para startups, menos dependencia para empresas que necesitan plataformas dominantes y una relación más equilibrada en sectores digitales como medios y turismo. Pero no garantiza más ingresos, menos costes ni una transición cómoda.

La clave será distinguir entre cumplimiento formal y apertura efectiva. La DMA ya está en marcha; lo decisivo ahora es si sus obligaciones convierten los grandes servicios digitales en mercados más disputables y justos, como pretende la Comisión Europea ^[18].